El 19 de octubre de 2022, el Parlamento Europeo emitió un nuevo Reglamento de Servicios Digitales (en adelante, Reglamento)[1]. Se trata del primer reglamento comprensivo en la Unión Europea aplicable a prestadores de servicios digitales en más de veinte años. Aplica también a proveedores externos en la medida en que difundan contenidos o presten servicios a usuarios en la Unión Europea[2]. El objetivo declarado del reglamento es “contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior de servicios intermediarios, estableciendo normas armonizadas para crear un entorno en línea seguro, predecible y fiable”[3].
Este Reglamento exige a las plataformas que actúen rápida y contundentemente para suprimir contenido considerado ilícito o problemático. Sin embargo, el Reglamento no define claramente qué se entiende por contenido ilícito, lo que promueve el monitoreo, la evaluación y la remoción activas de contenido sin criterios claros. El reglamento recoge una definición de contenido ilícito que combina el derecho de la Unión Europea con el de sus estados miembros[4]. Así, obliga a las plataformas, en la práctica, a implementar en toda la Unión Europea la definición más amplia y comprensiva posible de contenido ilícito como denominador común. En la legislación europea existe ya una plétora de leyes draconianas contra el “discurso de odio” y la libertad de expresión. En Alemania, por ejemplo, es ilegal insultar o satirizar a los políticos en internet[5].
Sin duda, hay manifestaciones claramente ilícitas, como la explotación infantil o la incitación al terrorismo. No obstante, el horizonte del Reglamento de Servicios Digitales es más amplio y su ambición llega mucho más lejos que la protección de los menores. Este Reglamento conlleva graves riesgos para la libertad de expresión y amenaza con producir un severo régimen de censura dentro y fuera de la Unión Europea.
El Reglamento establece que cualquier persona puede reportar contenido que considere ilícito. Las plataformas están obligadas a revisar estos reportes y decidir si restringen el contenido (por ejemplo, bloqueándolo geográficamente o limitando su visibilidad) o si lo retiran del todo. El incumplimiento puede desembocar en multas equivalentes al 6% del volumen anual de negocios en todo el mundo de la empresa en cuestión[6]. Así, las plataformas se ven motivadas a retirar el contenido reportado antes que arriesgar una penalización[7]. El Reglamento incentiva a las plataformas a aplicar y generalizar criterios rigurosos de moderación de contenido dentro y fuera de la Unión Europea, extendiendo así la censura al ámbito global.
La Comisión Europea es el órgano encargado de determinar si una plataforma ha incumplido sus obligaciones, estando además facultada para imponer las penas que considere oportunas. Ello implica que, bajo el Reglamento de Servicios Digitales, la Comisión Europea desempeña como legislador, juez y fiscal a la vez. Esta situación tiende a eliminar los contrapesos, amenazando la integridad procesal y minando el estado de derecho.
Para cumplir las funciones establecidas por ella misma en el Reglamento, la Comisión Europea se apoya en un coordinador de servicios digitales en cada estado miembro y una red de alertadores fiables. El coordinador de servicios digitales puede otorgar la designación de alertador fiable a cualquier entidad que lo desee, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
a) poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos.
b) no depender de ningún prestador de plataformas en línea.
c) realizar sus actividades con el fin de enviar notificaciones de manera diligente, precisa y objetiva[8].
Como resulta evidente, las organizaciones interesadas en ejercer la censura o en promover un determinado ideario podrán aprovechar este esquema para capturar ideológicamente o acaparar la red de alertadores fiables. En última instancia, el Reglamento de Servicios Digitales permitirá suprimir las perspectivas y la información no favorecida por el poder[9].
En las últimas décadas, el caso de Päivi Räsänen —entre otros— ha ilustrado las consecuencias reales que un régimen de censura puede tener. En 2019, esta parlamentaria finlandesa compartió sus convicciones cristianas sobre el matrimonio y la sexualidad en un tweet y en una entrevista en la radio. En 2004 (aún antes, por tanto, de que existiera el Reglamento), y en colaboración con el obispo luterano Juhana Pohjola, Räsänen había publicado un folleto inspirado en el texto de Génesis 1:27: “hombre y mujer los creó”. A raíz de todo ello, Räsänen ha soportado dos juicios por “discurso de odio”, siendo exonerada en ambos. Con todo, la fiscalía apeló el fallo ante la Corte Suprema de Finlandia, que, el 26 de marzo de 2026, declaró a Räsänen y a Pohjola culpables de “insultar a un grupo” por el folleto de 2004. Ambos han apelado el fallo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[10].
Otro ejemplo reciente lo ofrece la imposición de una multa de 120 millones de euros a X (antes Twitter) por parte de la Comisión Europea. La empresa ha apelado ante el Tribunal General de la Unión Europea.
La libertad de expresión —garantizada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[11]— es la base de toda sociedad democrática. Ésta incluye el derecho a expresar opiniones impopulares y controvertidas. De lo contrario, se trataría de una libertad meramente simbólica, retórica y sin contenido real. Por lo demás, no hay que asumir que un régimen de censura legalizada no afectará a las personas comunes y corrientes. En los últimos años, la policía británica ha arrestado a miles de personas por sus publicaciones en las redes sociales bajo el pretexto de que éstas han provocado molestia, incomodidad o ansiedad a terceros[12].
Al valorar esta situación, conviene considerar que, como advertía Thomas Sowell:
es improbable que la libertad se pierda abiertamente y de repente. Resulta mucho más probable que ésta se erosione poco a poco entre brillantes promesas y expresiones de nobles ideales[13].
La libertad de expresión posibilita el debate público y el cuestionamiento a la autoridad. Fundamenta, así, el abierto intercambio de ideas de donde han surgido el espíritu de empresa, el sentido de responsabilidad, la actitud creativa e innovadora y la prosperidad de las modernas sociedades liberales. Esperemos que el resultado de las apelaciones de Räsänen, Pohjola y X salvaguarde y continúe la tradición de defensa de la libertad que, en otro momento, Europa supo producir, desarrollar y difundir.
[1] Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. El presente texto pretende ofrecer sólo una reflexión de carácter general sobre las implicaciones de este Reglamento para la libertad de expresión. No se trata de un análisis técnico jurídico del Reglamento ni constituye asesoría legal alguna. La reflexión sigue, en sustancia, el documento publicado por Alliance Defending Freedom International [ADF], The European Unionʼs Digital Services Act (DSA): A Guide for Everyone Who Expresses Their Opinion Online, disponible en esta página.
[2] El Reglamento se dirige, sobre todo, a regular la comunicación en las grandes plataformas y motores de búsqueda, es decir, aquellas cuyos usuarios alcanzan o exceden el 10% de la población de la Unión Europea —o sea, 45 millones de usuarios mensuales o más—. Entre estas entidades se encuentran Amazon, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (antes Twitter), YouTube, WhatsApp, Bing y Google.
[3] Reglamento, Art. 1.
[4] El Artículo 3 establece que por contenido ilícito se entenderá “toda información que, por sí sola o en relación con una actividad, incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla el Derecho de la Unión o el Derecho de cualquier Estado miembro que cumpla el Derecho de la Unión, sea cual sea el objeto o carácter concreto de ese Derecho” (Reglamento, Art. 3).
[5] Liv Stroud, “Editor of German far-right outlet receives suspended sentence in freedom of speech case”, Euro News, 4 octubre 2025.
[6] Reglamento, Art. 74.
[7] “Tech platforms aren’t just removing clear violations—they’ve also started removing speech that could be flagged as ‘harmful’. If you post a political opinion or share a tweet that some might find offensive, it might get flagged by an algorithm. To avoid massive fines or penalties, platforms will err on the side of caution and remove your post, even if it’s perfectly lawful. […] And if it’s not the algorithms that flag your content, it may be regular users who disagree with what you’re saying”. Adina Portaru, “How the EU Digital Services Act (DSA) Affects Online Free Speech in 2025”, Alliance Defending Freedom International, 28 enero 2025. Cf. ADF, The European Unionʼs Digital Services Act, 6, 10.
[8] Reglamento, Art. 22.
[9] “Ultimately, the EU Digital Services Act will allow the silencing of views online that are disfavoured by those in power. […] In the digital age, we rely increasingly on digital technology to impart and receive information. And it’s essential that the free flow of information is not controlled by unaccountable gatekeepers policing what can and cannot be said.” A. Portaru, “How the EU Digital Services Act (DSA) Affects Online Free Speech in 2025”.
[10] Los detalles del caso pueden verse en esta página.
[11] “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Art. 11.
[12] Eugenio Palopoli, “Reino Unido: más de 30 arrestos diarios por mensajes en redes sociales revelan una crisis de libertad de expresión”, El Observador Argentina, 9 septiembre 2025.
[13] “Freedom is unlikely to be lost all at once and openly. It is far more likely to be eroded away, bit by bit, amid glittering promises and expressions of noble ideals”. Thomas Sowell, The Quest for Cosmic Justice (Nueva York: Simon and Schuster, 2001), 184. La traducción es mía.





de que Canadá fuese un país con identidad y que le gustaría fuera un nuevo Estado de los EEUU. Este inicio, que recuerda la política de las cañoneras del siglo XIX, tiene como objetivo situarse en una posición hegemónica frente a Rusia en el Ártico. El 24 de abril Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación del fondo del océano en busca de minerales críticos. Dos días después, el 26 de abril, Trump reclamó la libre circulación de barcos estadounidenses por los canales de Panamá y Suez. El 31 de diciembre de 1999 Panamá recuperó la administración, operación y mantenimiento del Canal de manos de los EEUU, y el presidente estadounidense habló sobre la recuperación de su soberanía.
pugna con China desde una posición ventajosa. Es en ese contexto donde la finalización del conflicto ruso-ucraniano cobra una nueva dimensión. Donald Trump quiere aprovechar su posición hegemónica sobre el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y su supuesta amistad con Vladimir Putin para terminar la guerra de Ucrania, y asegurarse la explotación de los minerales estratégicos ucranianos, en pago a la ayuda dada, valorada por Trump en 350.000 millones de dólares.

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Este artículo viene relacionado con el art. 7 TUE que impone sanciones en el supuesto de que se constate la existencia de una violación grave y persistente de los derechos humanos por algún gobierno europeo. Lo más sorprendente es que a Polonia y Hungría se les quiera aplicar unas sanciones precisamente por defender art. 2 TUE, que es malintencionadamente interpretado por las instituciones europeas.
después de ser presionada por las instituciones magiares, ante la falta de referencia de una universidad en su país de origen, en este caso, los Estados Unidos. La entidad en realidad se ha dedicado a la formación de activistas para la desestabilización política de países balcánicos y de Asia Central y no a la formación académica, a la que se debe un centro académico superior.
al artículo octavo sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, que establece que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia». Polonia ha tenido que sufrir el acoso del embajador estadounidense, quien lideró por segundo año un manifiesto suscrito por los diplomáticos europeos occidentales a favor del colectivo LGTB y en contra del Tribunal Constitucional Polaco, que dictaminó que el aborto por malformaciones fetales graves era contrario a la Constitución.
ministra de Justicia de la República de Hungría, Judit Varga, explicaba que la Ley de protección infantil, atacada por las instituciones europeas como discriminatoria, en realidad se enfocaba en garantizar los derechos de los padres a proteger a los menores de edad para que no accediesen a contenidos que pudiesen contradecir los principios educativos que sus padres eligieron enseñarles hasta que ellos mismos se conviertan en adultos. Sin embargo, el derecho de los padres a proteger a sus hijos de amenazas, como la pederastia, no fue reconocida.

que catapultó al país entre los principales rotativos de la prensa internacional. El precio de la revuelta fue de 229 personas ejecutadas, 3.000 muertos en combate, 211.000 exiliados, 26.000 procesados, 26.621 condenados y 13.000 internados en campos de concentración. Estos hechos son los que forjaron el espíritu de resistencia magiar. Cuando el comunismo húngaro cayó y retornó la democracia al país danubiano, de entre la intelectualidad opositora destacó un estudiante de Derecho de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest, Viktor Orbán. El joven veinteañero fundó con otros jóvenes la Federación de Jóvenes Demócratas en 1988 (Fidesz), que defendía un discurso democrático, europeísta y anticomunista. Después de una estancia en la Universidad de Oxford, en 1993 Orbán fue elegido presidente del partido. En 1998 el joven político ganó las elecciones y consiguió la adhesión de Hungría a la Unión Europea y la OTAN. En aquel mandato apostó por la reducción de impuestos, ayudar a las pequeñas y medianas empresas y reforzar la protección social de los más débiles. También respaldó la concesión de la nacionalidad húngara a las personas de etnia magiar en el extranjero, siempre que pudieran probar su descendencia de húngaros y su conocimiento del idioma. Entre el 2002 y el 2010 fue el jefe de la oposición a los gobiernos socialistas, retornando al poder en el inicio de la actual década con una aplastante mayoría absoluta en el parlamento. Orbán obtuvo el 52,73% de los votos. Durante estos dos últimos mandatos se reformó la ley electoral, reduciendo el número de parlamentarios de 386 a 199, y también la constitución, ya que la existente tenía origen en la comunista de 1949, que fue dictada por los asesores soviéticos. La nueva constitución magiar recobró la tradición cristiana que ha estado presente en la historia del pueblo húngaro.
una Europa basada en una alianza de naciones libres que tienen en común su herencia cristiana. El 78% de los magiares son favorables a defender la cultura y tradición cristiana de su nación. En una decisión difícil por la presión de la Unión Europea sobre la política de llegada de refugiados, el gobierno realizó en el 2016 un referéndum que daba respaldo social a la decisión del gobierno de reforzar el control de fronteras del país ante la llegada masiva de millones de refugiados. El ejecutivo se mostró favorable a revertir competencias a los Estados soberanos para un control más democrático y eficaz de la gestión. Este punto de vista coincide con el resto de los miembros del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) que es la región que más ha crecido económicamente de la Unión Europea y que más ha reducido los niveles de pobreza; además de conjurar hasta la fecha todo intento de atentado yihadista. Palabras como Patria, familia, trabajo, y sentido común siguen formando parte de su vocabulario político. Estas naciones coinciden en la recuperación de su libertad en 1989, en el deseo de vivir su democracia política y en defender la herencia cultural de sus antepasados.
energía barata para su economía, como es el convenio firmado para la construcción de una central nuclear. También ha estrechado relaciones con países como Israel, Singapur o China, de fuerte crecimiento económico y con los cuales mantiene acuerdos de cooperación estables. El potencial turístico magiar y la protección de su rico legado cultural han convertido Hungría en un país atractivo, puerta de entrada a la región centroeuropea.