por José Luis Orella, historiador

     Las poblaciones europeas que estuvieron bajo el yugo comunista anhelaban poder vivir de forma semejante a sus vecinas occidentales: buen nivel de vida, democracia, defensa de la dignidad de la persona y defensa de las raíces cristianas de Europa. Sin embargo, en el momento actual las instituciones europeas defienden y expanden un laicismo agresivo. El 24 de junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobó el reconocimiento del aborto como un derecho humano, contradiciendo al de defensa de la vida. Actualmente, algunos de los países que se integraron en la Unión Europea en el 2004, y cuya clase política procede de los activistas que lucharon por la libertad contra el totalitarismo comunista, se manifiestan sorprendidos por la obligatoriedad de asumir una serie de leyes que contravienen los principios cristianos por los que combatieron. En este aspecto, los países más sobresalientes han sido Polonia y Hungría. El primero, por su propio tamaño, lo convierte en el líder de los países europeos con antecedentes comunistas. El segundo, por la fuerte personalidad de su primer ministro Viktor Orban, que ha intentado desde dentro del Partido Popular Europeo mantener su fidelidad a las raíces cristianas de sus fundadores, hasta la exclusión de su formación política.

     La Comisión Europea, que es quien ayuda a dar forma a la estrategia general de la UE, propone nuevas leyes y políticas de la UE, supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la UE, se ha convertido en el principal órgano opositor a estos países. Lo curioso es que el art. 2 TUE (Tratado de la Unión Europea) dispone: La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Este artículo viene relacionado con el art. 7 TUE que impone sanciones en el supuesto de que se constate la existencia de una violación grave y persistente de los derechos humanos por algún gobierno europeo. Lo más sorprendente es que a Polonia y Hungría se les quiera aplicar unas sanciones precisamente por defender art. 2 TUE, que es malintencionadamente interpretado por las instituciones europeas.

     El 13 enero de 2016 la Comisión Europea activó por primera vez este procedimiento previo del art. 7 TUE para combatir las reformas judiciales del Estado de Derecho en Polonia, que aplicaban un sistema muy semejante al español, al ser elegidos una parte importante de sus magistrados del Tribunal Constitucional por el Parlamento.

  El 13 de febrero de 2018, el Gobierno de Hungría presentó al Parlamento del país un paquete legislativo para combatir las mafias de tráfico humano, que incluye el Proyecto de Ley T/1976, sobre la concesión de licencias a organizaciones de apoyo a la migración, el Proyecto de Ley T/19775, sobre la obligación de financiación de la inmigración, y el Proyecto de Ley T/19774, sobre la orden de restricción de la inmigración. El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución basada en un informe de la eurodiputada holandesa Judith Sargentini, de filiación comunista, en la que insta al Consejo de la UE a aplicar a Hungría el art. 7 TUE.

     La radicalidad de las medidas contra Hungría se han ido agravando después de que en diciembre de 2018, la Universidad Centroeuropea (CEU), entidad fundada por el filántropo estadounidense, pero nacido en el país, George Soros, decidiese trasladar su entidad a Viena, después de ser presionada por las instituciones magiares, ante la falta de referencia de una universidad en su país de origen, en este caso, los Estados Unidos. La entidad en realidad se ha dedicado a la formación de activistas para la desestabilización política de países balcánicos y de Asia Central y no a la formación académica, a la que se debe un centro académico superior.

    El 17 de septiembre de 2020, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, presentó un informe para que “Polonia regrese a los valores de la Unión Europea”. Curiosamente, la otra razón fue la configuración de una zona de ayuntamientos denominados como espacios libres de ideología de género. El origen proviene, cuando en respuesta a la Carta de apoyo al colectivo LGBT del ayuntamiento de Varsovia, algunos gobiernos locales polacos adoptaron de forma pública su apoyo a la Carta de los Derechos de la Familia. En ella se planteaban, literalmente: la libertad de expresión, la defensa de la inocencia de los niños, la autoridad de la familia y la escuela y la libertad de los empresarios, de acuerdo con su cultura centenaria de vida social, y reivindicaban la no interferencia en la esfera privada de las mujeres polacas de la Comisión Europea.

     En respuesta a esas medidas se estudia cortar la llegada de fondos europeos a Polonia, como ya decidió Noruega. Este país, que no pertenece a la UE, concede fondos económicos a cambio de poder acceder de forma libre al mercado de la eurozona.  Es el país que ha sido acusado de faltar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque la Oficina Noruega para la Protección de los Derechos del Niño, está acusada de graves violaciones de los derechos de las familias, por faltar al artículo octavo sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, que establece que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia». Polonia ha tenido que sufrir el acoso del embajador estadounidense, quien lideró por segundo año un manifiesto suscrito por los diplomáticos europeos occidentales a favor del colectivo LGTB y en contra del Tribunal Constitucional Polaco, que dictaminó que el aborto por malformaciones fetales graves era contrario a la Constitución.

     Estos ataques se ven coronados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que supeditándose a las conclusiones de la Comisión Europea emitió otra decisión sobre medidas provisionales relativas al sistema judicial polaco. El tribunal de la UE obliga a Polonia a «suspender inmediatamente» la aplicación de las disposiciones nacionales relativas a la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Polaco dictaminó que la disposición del tratado de la UE, sobre la base del cual el Tribunal de Justicia de la UE obliga a los Estados miembros a aplicar medidas provisionales con respecto al poder judicial, es incompatible con la constitución polaca. En la justificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, se indica que la Unión Europea no puede reemplazar a los Estados miembros, elegidos democráticamente, en la creación de regulaciones sobre el sistema de tribunales y la garantía de la independencia de los jueces.

  La decisión reciente de la Comisión europea, no elegida democráticamente, abre expedientes sancionadores a Polonia, por lo citado anteriormente y a Hungría, acusándoles de adoptar medidas discriminatorias contra la comunidad LGTB. En el caso magiar, la ministra de Justicia de la República de Hungría, Judit Varga, explicaba que la Ley de protección infantil, atacada por las instituciones europeas como discriminatoria, en realidad se enfocaba en garantizar los derechos de los padres a proteger a los menores de edad para que no accediesen a contenidos que pudiesen contradecir los principios educativos que sus padres eligieron enseñarles hasta que ellos mismos se conviertan en adultos. Sin embargo, el derecho de los padres a proteger a sus hijos de amenazas, como la pederastia, no fue reconocida.

     En definitiva, la descripción de los hechos contrasta con la situación de un ejecutivo europeo no elegido democráticamente por sus ciudadanos, que interpreta de forma maliciosa el art. 2 TUE contra gobiernos democráticos, que defienden su soberanía moral basada en una cultura y una historia centenarias favorables a la libertad y la defensa de la dignidad de la persona.