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La Comisión Europea ante Polonia y Hungría: claves del conflicto

10112011-img_1420 por José Luis Orella, historiador

     Las poblaciones europeas que estuvieron bajo el yugo comunista anhelaban poder vivir de forma semejante a sus vecinas occidentales: buen nivel de vida, democracia, defensa de la dignidad de la persona y defensa de las raíces cristianas de Europa. Sin embargo, en el momento actual las instituciones europeas defienden y expanden un laicismo agresivo. El 24 de junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobó el reconocimiento del aborto como un derecho humano, contradiciendo al de defensa de la vida. Actualmente, algunos de los países que se integraron en la Unión Europea en el 2004, y cuya clase política procede de los activistas que lucharon por la libertad contra el totalitarismo comunista, se manifiestan sorprendidos por la obligatoriedad deOrbán Viktor 2018.jpg asumir una serie de leyes que contravienen los principios cristianos por los que combatieron. En este aspecto, los países más sobresalientes han sido Polonia y Hungría. El primero, por su propio tamaño, lo convierte en el líder de los países europeos con antecedentes comunistas. El segundo, por la fuerte personalidad de su primer ministro Viktor Orban, que ha intentado desde dentro del Partido Popular Europeo mantener su fidelidad a las raíces cristianas de sus fundadores, hasta la exclusión de su formación política.

     La Comisión Europea, que es quien ayuda a dar forma a la estrategia general de la UE, propone nuevas leyes y políticas de la UE, supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la UE, se ha convertido en el principal órgano opositor a estos países. Lo curioso es que el art. 2 TUE (Tratado de la Unión Europea) dispone: La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, Tu identidad digital ya es válida en toda la Unión Europea | Industria -  ComputerHoy.comincluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Este artículo viene relacionado con el art. 7 TUE que impone sanciones en el supuesto de que se constate la existencia de una violación grave y persistente de los derechos humanos por algún gobierno europeo. Lo más sorprendente es que a Polonia y Hungría se les quiera aplicar unas sanciones precisamente por defender art. 2 TUE, que es malintencionadamente interpretado por las instituciones europeas.

     El 13 enero de 2016 la Comisión Europea activó por primera vez este procedimiento previo del art. 7 TUE para combatir las reformas judiciales del Estado de Derecho en Polonia, que aplicaban un sistema muy semejante al español, al ser elegidos una parte importante de sus magistrados del Tribunal Constitucional por el Parlamento.

  El 13 de febrero de 2018, el Gobierno de Hungría presentó al Parlamento del país un paquete legislativo para combatir las mafias de tráfico humano, que incluye el Proyecto de Ley T/1976, sobre la concesión de licencias a organizaciones de apoyo a la migración, elJudith-Sargentini-portret.jpg Proyecto de Ley T/19775, sobre la obligación de financiación de la inmigración, y el Proyecto de Ley T/19774, sobre la orden de restricción de la inmigración. El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución basada en un informe de la eurodiputada holandesa Judith Sargentini, de filiación comunista, en la que insta al Consejo de la UE a aplicar a Hungría el art. 7 TUE.

     La radicalidad de las medidas contra Hungría se han ido agravando después de que en diciembre de 2018, la Universidad Centroeuropea (CEU), entidad fundada por el filántropo estadounidense, pero nacido en el país, George Soros, decidiese trasladar su entidad a Viena, SwashVillage | Biografía de George Sorosdespués de ser presionada por las instituciones magiares, ante la falta de referencia de una universidad en su país de origen, en este caso, los Estados Unidos. La entidad en realidad se ha dedicado a la formación de activistas para la desestabilización política de países balcánicos y de Asia Central y no a la formación académica, a la que se debe un centro académico superior.

    El 17 de septiembre de 2020, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, presentó un informe para que “Polonia regrese a los valores de la Unión Europea”. Curiosamente, la otra razón fue la configuración de una zona de ayuntamientos denominados como espacios libres de ideología de género. El origen proviene, cuando en respuesta a la Carta de apoyo al colectivo LGBT del ayuntamiento de Varsovia, algunos gobiernos locales polacos adoptaron de forma pública su apoyo a la Carta de los Derechos de la Familia. En ella se planteaban, literalmente: la libertad de expresión, la defensa de la inocencia de los niños, la autoridad de la familia y la escuela y la libertad de los empresarios, de acuerdo con su cultura centenaria de vida social, y reivindicaban la no interferencia en la esfera privada de las mujeres polacas de la Comisión Europea.

     En respuesta a esas medidas se estudia cortar la llegada de fondos europeos a Polonia, como ya decidió Noruega. Este país, que no pertenece a la UE, concede fondos económicos a cambio de poder acceder de forma libre al mercado de la eurozona.  Es el país que ha sido acusado de faltar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque la Oficina Noruega para la Protección de los Derechos del Niño, está acusada de graves violaciones de los derechos de las familias, por faltarAndrés Duda redobla defensa de la familia, luego de ganar la primera vuelta  en Polonia | Razon+Fe al artículo octavo sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, que establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia”. Polonia ha tenido que sufrir el acoso del embajador estadounidense, quien lideró por segundo año un manifiesto suscrito por los diplomáticos europeos occidentales a favor del colectivo LGTB y en contra del Tribunal Constitucional Polaco, que dictaminó que el aborto por malformaciones fetales graves era contrario a la Constitución.

     Estos ataques se ven coronados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que supeditándose a las conclusiones de la Comisión Europea emitió otra decisión sobre medidas provisionales relativas al sistema judicial polaco. El tribunal de la UE obliga a Polonia a “suspender inmediatamente” la aplicación de las disposiciones nacionales relativas a la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Polaco dictaminó que la disposición del tratado de la UE, sobre la base del cual el Tribunal de Justicia de la UE obliga a los Estados miembros a aplicar medidas provisionales con respecto al poder judicial, es incompatible con la constitución polaca. En la justificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, se indica que la Unión Europea no puede reemplazar a los Estados miembros, elegidos democráticamente, en la creación de regulaciones sobre el sistema de tribunales y la garantía de la independencia de los jueces.

  La decisión reciente de la Comisión europea, no elegida democráticamente, abre expedientes sancionadores a Polonia, por lo citado anteriormente y a Hungría, acusándoles de adoptar medidas discriminatorias contra la comunidad LGTB. En el caso magiar, la Judit Varga (@JuditVarga_EU) | Twitterministra de Justicia de la República de Hungría, Judit Varga, explicaba que la Ley de protección infantil, atacada por las instituciones europeas como discriminatoria, en realidad se enfocaba en garantizar los derechos de los padres a proteger a los menores de edad para que no accediesen a contenidos que pudiesen contradecir los principios educativos que sus padres eligieron enseñarles hasta que ellos mismos se conviertan en adultos. Sin embargo, el derecho de los padres a proteger a sus hijos de amenazas, como la pederastia, no fue reconocida.

     En definitiva, la descripción de los hechos contrasta con la situación de un ejecutivo europeo no elegido democráticamente por sus ciudadanos, que interpreta de forma maliciosa el art. 2 TUE contra gobiernos democráticos, que defienden su soberanía moral basada en una cultura y una historia centenarias favorables a la libertad y la defensa de la dignidad de la persona.

El matrimonio ante otros modelos de convivencia

 por Lelia Díaz, jurista

          La institución de la familia tiene su fundamento en la historia. Es una realidad objetiva desde siempre. Para el Derecho de la Antigua Roma se tomó los dos tipos de parentesco existente en la sociedad: la cognación y la agnación[1]. La primera es natural, es decir consanguínea; la segunda era creada por la poteMatrimonio (derecho romano) - Wikipedia, la enciclopedia librestas (el poder socialmente reconocido) del pater familias (el cabeza de la familia) como fuente del ius civile (derecho civil romano). Sin embargo, dicha potestad, por ser impuesta, generó ciertos problemas de injusticia a la hora de reconocer la sucesión hereditaria, por ejemplo: no podían participar en igualdad de condiciones los hijos descendientes con parentesco congnaticio con los de parentesco agnaticio; se beneficiaba a estos últimos. La sangre, generadora de parentesco entre las personas en la familia es una realidad que crea un vínculo inescindible entre sujetos y dispensadora entre ellos de un patrimonio de virtudes, facultades, funciones no comunicables al exterior[2].

          Poco a poco esa práctica de desigualdad entre la familia agnaticia y cognaticia se fue erradicando, prevaleciendo el parentesco cognaticio, es decir, el de lazo natural. Sobre todo, en el seno del Derecho romano cristiano a partir del emperador Constantino y especialmente en el Corpus iuris del emperador Justiniano es donde empieza a fraguarse un paradigma de familia patriarcal más benigna, más humana, menos autoritaria, aunque el pater sea el único rector absoluto del grupo familiar[3]. El cristianismo tomó con criterio racional el hecho de que la familia cognaticia es una realidad objetiva per se, no impuesta; generadora de realidades objetivas, de justicia, de solidaridad.

          En el contexto del Derecho romano, la familia es un organismo ético natural que recuerda los caracteres del Estado, porque tenía una organización propia. La familia como parva res publica[4] (pequeña república o Estado) es una institución jurídica. Eso significa que contiene, como elementos materiales, un conjunto de relaciones sociales homogéneas con un marco normativo proporcionado por el derecho[5].

          En este sentido, la institución del matrimonio se conforma de acuerdo con los elementos propios de la familia natural. Como hemos explicado, el Derecho romano reconoce la realidad matrimonial/familiar sobre la relación de cognación. Esto implica necesariamente un connatural vínculo intersexual entre hombre y mujer predispuesto al acto generador. Crear por ley un modelo matrimonial carente por sí mismo de la capacidad de procreación desdibuja su realidad y altera su definición: matrimonium, cuya etimología procede de mater (madre) y monium (calidad de). Por consiguiente, el matrimonio es la cualidad para ser madre, con concurso natural de varón, dentro de un vínculo estable de compromiso a la vida compartida o en común. Las parejas homosexuales son, por ejemplo, una realidad del todo distinta y que, por tanto, merecen un tratamiento también diferenciado. Más aún, las situaciones de convivencia ajenas a la relidad del matrimonio, con idependencia de la condición sexual, debieran regularse jurídicamente a partir de otros parámetros. Si la ley, por imposición del legislador, en contra de la realidad histórica del matrimonio, procede a equiparar distintas uniones con el matrimonio, incurre en un grave error; como, de hecho, acontece. En verdad se atenta y desnaturaliza una institución social más básica y de larga trayectoria.

        Lo que diferencia al reproductor del “ser”: “un padre y una madre, es la unión de amor conyugal, en cuyo seno se concibe, acoge, convive y educa a los hijos. La unión conyugal y su dinámica vital es ser a priori de donde surgen sus fines específicos y su eficiente potencia de acometerlos”[6]. Por ello, el princiCuál es el significado de familia? - Eres Mamápio de igualdad y no discriminación de los ciudadanos ante la ley, no es el único inspirador de justicia; se debe invocar más bien los principios que deben inspirar una política sobre la familia en una sociedad avanzada: la racionalidad y realismo en el conocimiento de las diferencias reales entre las comunidades familiares y las otras formas de convivencia[7]; y, el de subsidiariedad: el Estado tiene la obligación de promover que la familia sea lo que es; es decir, un sujeto social más primario y activo. Tan es así que la energía para ser lo que es y para desempeñar sus imponentes funciones personales y sociales surge de sí misma. Quiere esto significar, en el orden de la política familiar, que es más importante lo que la familia puede aportar a la dimensión pública y política de la comunidad que las medidas concretas que la política puede proporcionar a la familia.

         El mundo jurídico debe retomar más profundamente la reflexión sobre el sentido de la institución matrimonial y sobre su contribución no sólo a la sociedad, a través de sus imponentes tareas de dar la vida y educar a las nuevas generaciones, sino también a la cultura jurídica[8].

          En suma, el mero hecho de mencionar una política a favor de la familia no significa que en verdad lo sea. Por de pronto, una política bien inspirada en favor de la familia ha de ser una política exquisitamente respetuosa con los derechos humanos fundamentales[9]. Debe evitarse, pues, la discriminación de la familia. El realismo y la racionalidad invitan a aplicar, además del principio de justicia, un análisis objetivo de las funciones estratégicas que cumplen las comunidades familiares y otras formas de convivencia, evaluando sus concretas contribuciones al bien común de la sociedad.

         Si las comunidades familiares y las convivencias de hecho no son iguales en sus deberes, funciones y servicios a la sociedad, no pueden ser iguales en nombre, ni en derechos, ni en programas de ayuda. Consideramos un signo de dictadura ideológica o de pensamiento débil el hecho de promover desde los poderes públicos, bajo pretexto de pluralismo democrático, un tratamiento político y jurídico indiferenciado, que discrimine a las comunidades familiares en relación con las convivencias de hecho, al margen de su contribución real al bienestar social y al bien común general[10].

    Es claro que después de iniciado el siglo XXI, en plena globalización, se aprecian heridas graves en la familia: la disgregación de sus miembros, la violencia doméstica, la reclamación constante de derechos sin asumir los correlativos deberes, el tedio de lo cotidiano, la incomunicación entre sus miembros, padres que declinan su autoridad y sus funciones educativas, etc[11]. El término contradictorio de “matrimonio homosexual”, o los abusos en tema de reproducción humana, entre otras, dañan gravemente la familia e impiden la formulación de un Derecho familiar concordado[12].

         La equiparación entre matrimonio y otras uniones es un modo de elevar a categoría de matrimonio aquello que no lo es; igualar por abajo, tan propio de una sociedad ayuna de valores éticos[13]. Este tipo de igualaciones perjudica los derechos fundamentales de los hijos, cuyo interés ha de defenderse por encima de cualquier otro. Se corre el riesgo de que el ordenamiento atribuya a los menores, de manera artificial el derecho a la identidad, principio de igualdad en filiación e interés superior del niño[14].

         No se es padre por estar casado o unido civilmente, sino por ser biológicamente progenitor de un hijo, el cual estará unido con vínculos jurídicos, de una juridicidad profundamente ética, como dice el Tribunal Supremo español en sus sentencias de 5 de octubre de 1993, de 8 de noviembre de 2013 y de 2 de marzo de 2015, al hablar de las obligaciones de alimentos de padres a hijos, a una mujer y un hombre, de los que procede. Esta es la realidad natural que el legislador debería respetar y que no debería ser transgredida[15] si se aspira a promover el progreso integral de las personas, su familia y las sociedades, el bien común en definitiva, en este segundo milenio de nuestra Era.


[1] Álvaro D’ORS: Derecho Privado Romano, Décima Edición, EUNSA, Pamplona, 2010, p. 287.

[2] Paolo GROSSI: El orden Jurídico Medieval, Marcial Pons, Madrid, 1996; traducido por Francisco TOMÁS y VALIENTE y Clara ´LAVAREZ, Madrid, p. 78.

[3] Mariano PÉREZ: La familia y el derecho. Grandes tratados de Derecho de la familia, Volumen 1, Editorial Aranzadi, S.A.U, enero 2015, pp. 9-11.

[4] Íbid, p. 7.

[5] Francisco TOMÁS Y VALIENTE: Manual de Historia del Derecho español, 4 Edición, Tecnos, Madrid, 1998, pp. 31-32.

[6] Pedro VILADRICH: La alianza y la unión conyugal I. Antología de textos. Volumen I. Universidad de Piura, Piura, agosto 2020, pp. 31-32.

[7] Ibid, pp. 729-736.

[8] Pedro VILADRICH, op. cit., pp. 729-736.

[9] Ibid, pp. 729-736.

[10] Ibid, pp. 729-736.

[11] Mariano PÉREZ, op. cit., pp. 43-45.

[12] Ibid., pp. 43-45.

[13] Ibid., p. 65.

[14] Cfr. Maricela GONZÁLES: “Matrimonio entre personas del mismo sexo: ‘un derecho fundamental o una tergiversación de derechos?, En Erika ZUTA y Juan TELLO: ¿Replanteamos el matrimonio?, Themis Editorial Jurídica, Lima, 2020, p. 130.

[15] Cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE en Javier NANCLARES: “El matrimonio y la familia ante la reforma del derecho civil peruano” En Erika ZUTA y Juan TELLO: ¿Replanteamos el matrimonio?, Themis Editorial Jurídica, Lima, 2020, p. 311.