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General,Governance

El malestar de Occidente

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Los sucesos históricos rara vez nos cogen «históricamente preparados». A veces es un avión acercándose a la ventana de nuestra oficina mientras trabajamos, la detonación de un explosivo en el tren que nos lleva al trabajo, la bala de una ametralladora que pone fin a un concierto en un club nocturno, o un camión de 19 toneladas que nos arrolla mientras observamos distraídamente los fuegos artificiales en una cálida noche veraniega.

Es comprensible que ataques como los descritos anteriormente sorprendan a Occidente con la guardia baja. Es también entendible que Occidente tarde en percatarse de las profundas implicaciones que conlleva un acto de este tipo. Lo que resulta llamativo es que tras quince años de ataques terroristas Occidente siga perdido y confuso ante cada nuevo atentado.

Una década y media en la que Occidente todavía sigue sin una estrategia clara para hacer frente al fenómeno terrorista (algo no de extrañar teniendo en cuenta que los líderes occidentales, con Obama a la cabeza, todavía no se ponen de acuerdo siquiera sobre la naturaleza de dichos atentados: las palabras «islam» y «musulmán» siguen proscritas en cualquier discurso público). Frente a una religión ideologizada que alimenta el odio a Europa y América en el mundo musulmán, Occidente no ha ofrecido más respuesta que eslóganes vacuos («Todos somos Charlie», «el islam es una religión de paz»…), bombardeos esporádicos y conmemoraciones emotivas (eso sí, neutros hasta el extremo de quedar libres de cualquier contenido y significancia).

¿Qué sociedad representamos? ¿Merece la pena luchar, matar y morir por defender esa sociedad? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros ideales? ¿Qué encaje ofrecemos a los cientos de miles de inmigrantes musulmanes que llegan a Europa? ¿Qué proyecto de futuro estamos construyendo?

A día de hoy las respuestas no son muy alentadoras: desde hace cincuenta años ya no se da un consenso en Occidente sobre qué es Occidente y cuáles son nuestros valores (y sí merece la pena conservarlos o han de ser enterrados). También, desde hace setenta años, ya poca gente está dispuesta a sacrificarse por su país o los ideales sobre los que se fundamenta nuestra civilización (de ahí que de una manera patológica América y Europa inviertan enormes sumas de dinero en desarrollar formas de combatir que posibiliten un mínimo despliegue de tropas sobre el terreno como los drones o misiles guiados). En cuanto a la inmigración y a la cuestión de la creciente minoría musulmana en nuestra sociedad, las políticas han sido erráticas (políticas de acogida y puertas abiertas seguidas de cierres de fronteras y apresurados retornos forzosos) y carentes de cualquier visión a largo plazo (cómo se va a integrar a una considerable población de refugiados cuyas creencias y formas de entender el hombre y la sociedad están en las antípodas de las que imperan en los países que los acogen). Y cuando hablamos de integración y proyecto a largo plazo, visto lo visto, no debería incumbir sólo a esta generación de refugiados, sino a la de sus hijos, nietos y bisnietos.

«Nosotros amamos la muerte más de lo que vosotros deseáis la vida». La bravuconada islamista contiene una verdad esencial del conflicto en el que vivimos. Hay un bando (etéreo, disperso) que está dispuesto a todo. Este bando está firmemente unido por unas creencias religiosas y unos claros objetivos políticos (el que sean ilusorios o apocalípticos no resta claridad al objetivo). Por otro lado, tenemos a unas sociedades divididas, hedonistas, ricas, decadentes y, por ahora, poderosas. La ausencia de motivación y creencias lo suplen con su ventaja tecnológica (que en el plano militar les da una ventaja aplastante sobre los islamistas). Unas sociedades decididas a no afrontar el conflicto en el que llevan inmersas durante quince años. Confiando su paz y bienestar a eslóganes de buena voluntad y guerras por control remoto en lugares lejanos.

Pero los hechos históricos, aunque fastidiosos, son ineludibles. Más allá de una bomba o de un hombre fuera de sí con un hacha, lo que revelan estos sucesos es una profunda transformación en el mundo musulmán que inevitablemente implica a Occidente. Esos hechos no son más que temblores, reflejo del movimiento de las placas tectónicas de la historia. En este caso el de un mundo musulmán confrontado con la modernidad y su impotencia. El de un Occidente en declive y envejecido haciendo frente a poblaciones jóvenes y empobrecidas (de Oriente Medio y el norte de África) y a nuevas potencias que reniegan del estatus quo mundial (Rusia y China).

Y así pasa el tiempo, con nuestra sociedad hastiada y buscando entretenerse ajena a estos problemas. Buscando refugio en cosas fugaces e instantáneas, como los fuegos artificiales. Maravillándose en ello ajena al camión que se acerca rápidamente llevándose todo por delante.

photo  Javier Gil, doctor en Historia.

Governance

The Monarchy of the Social Reform

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Ángel López-Amo was one professor assigned to teach and advise in his early years the future King of Spain, Juan Carlos I de Borbón.   This young scholar had a unique proposal of a “social” monarchy that can be seen as embodying the legacy of Lorenz von Steinz´s Germanic focus. Although this proposal was not exclusively the author´s work, he knew how to intellectually adjust with keen individuality to Spanish issues, aiming to convert his view into a political alternative.

Therefore, López-Amo considered that if the State could not become independent from society and put itself to its service, there would not be a correctly established political community. If society were to lead the State, power would be held by the dominant class and would subsequently lead to a situation of imbalance, injustice, and civil war. On the other hand, if the State – for example, fascism– were to absorb society, individuals would be left defenseless and would suffer tyranny. The tendency of a democracy to build society with the State is undeniable, but if a truly legitimate democracy were achieved, society and individuals would find themselves in a disjunctive: “either the State is society’s owner, or society is the owner of the State, that is to say, there is tyranny of social class or there will be a social struggle”[1].

Faced with this dilemma, Ángel López-Amo contributed to a new notion of monarchy, a political realism that only a few could achieved. The Spanish monarchy was viewed by López-Amo as an institution that was historically motivated and was in charge of giving the State a real legitimacy, accomplishing, therefore, true social liberty, in his own words,

That is why, the monarchy’s history is truly one of the most important parts of human history. The monarchy [as the representative of all the families in the realm] had had and had fulfilled the mission to place the State’s power as an independent authority, over society’s classes, which is why it became the natural and necessary holder of the authentic social freedom[2].

The State as such, should have a structure and a monarchic content, given that solely “the highest monarchy’s nature […] could be known by society and from its relation with the State”[3]. In this way, its legitimacy would justify its being above civil quarrels, social interests, and economic problems, constituting therefore a neutral power, capable of serving as a moderator of the rest of the powers of the State and society. In short, the monarchy would place itself as the only capable and legitimate institution adept to engage and maintain social reform.

The monarchic theory developed by Ángel López-Amo was a milestone within his intellectual growth, becoming the linchpin in his academic contributions. He had already investigated the legitimacy of the Spanish monarchy as a political system based on the traditional monarchy, but it was necessary to find a way to apply it to the social reality that was current at the time. The traditional monarchy had its roots in the traditional laws and institutions that simultaneously balanced themselves by the moderating power of aristocracy, understood as a societal array with the responsibility for governing, and guaranteeing liberty and legitimacy, given that the aristocrats were the so-called prepared and educated to achieve this end[4].

In this sense, López-Amo´s political thought meets the latest debates between the contemporary evolution oriented to expand State’s competences and civil society organizations. His thinking meets most of the modern libertarian ideas in giving the State a limited role in society. López-Amo positively valued the traditional monarchy and aristocracy, combining them with economic and social. It pertained a theoretical traditionalist position on the monarchy, whereby the construction of a new system could not take place through the development of an array of new ideas, but by gaining a deeper understanding of historical postulates. It dealt with the respect for natural communities, economic autonomy of civil society, including the private aspects of public administration, ideas about regional government, and the interpretation of liberal postulates in Spain. Hence, he envisaged the participation of diverse social institutions, organized groups based on the history of the Hispanic peoples, as the building blocks for the creation of a model of a future government that was social and free in nature, a traditional, hereditary, decentralized and organic monarchy [natural communities as the royal family and the rest of the families in the realm].

López-Amo considered this array of institutions as a separate entity from the State. Therefore, it contained a spectrum in which State matters were to remain inactive or at least maintain a respectful attitude towards its autonomy. In this way, he confined the State to an expectant, passive role, shaped by the organic development of society and the positive sense of natural communities. In this respect he could be considered a successor of the Carlist school of thought from the end of the 19th century, where the antagonistic position towards liberalism developed to allow the acceptance, for example, of the Basque provinces, characterized by the idea of a territory free of tolls, the recognition of the need for profit and the adoption of the Spanish industrialization process from the end of the 19th century.

In a similar manner, López-Amo enriched the concept of the organic role of society in the assembling of the State with the ideas of foreign thinkers- who were anti-state and federalist in their vast majority. He shared with them a deeply skeptical view of the leading role played by the State in society, politics, and even in the economy. They believed, as was common in the post-war context, in traditional political institutions like those personified by the monarchy and the aristocracy. As a consequence, they recovered a rather decentralizing position, far from common in the Franco era and often opposed to the falangist and monarchic conception that had amongst its defenders Bertrand de Jouvenel, Gugliemo Ferrero, Gil Robles and Wilhelm Röpke[6].

The organic position was founded on the family, the union, and the municipality in collaboration with the aristocracy, an aristocracy that López-Amo considered as one “fit to rule”, but that never got to play its future role in the midst of an ever-changing society. He contributed to the education of Juan Carlos of Borbón and other aristocrats in the Miramar Palace. There, he consolidated his position in shaping the leading classes and so, acting as a counterweight against the absolute power of the State.

José Alejandro Vazquez, PhD in History.

[1] LÓPEZ-AMO, Á. (1987), El poder político…, pp. 236, 237.

[2] LÓPEZ-AMO, Á. (1987), El poder político…, pp. 236, 237.

[3] STEIN, L. v. (1855), Das Königthum…, Wigand, Leipzig, pp. 20-22 citado en LÓPEZ-AMO, Á. (1987), El poder político…, p. 237.

[4] LÓPEZ-AMO, Á. (1952), “Estado Medieval y Antiguo Régimen…”, p. 10. LÓPEZ-AMO, Á. (1950), “Insignis Nobilitas. Estudio sobre el valor social de la aristocracia”, en LÓPEZ-AMO, Á. (2008), Principio Aristocrático…, pp. 33-60.

[5] LÓPEZ-AMO, Á. (1987), El poder político…, pp. 9-25, 50. LÓPEZ-AMO, Á. (1948), “Algunos aspectos de la doctrina…”, pp. 101-108.

Governance,Historia

Horizonte político en España

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            De nuevo los partidos se disponen a alzarse con la palma de la victoria electoral el próximo 26 de junio. Esta segunda vuelta nada tiene que ver con la institucionalizada en otros países, donde compiten las dos candidaturas más votadas con el declarado propósito de consolidar el bipartidismo. Un sistema que demuestra ser el menos contraproducente para preservar la estabilidad política. No se entiende entonces el jolgorio con que algunos reciben el retroceso del bipartidismo si no es porque les beneficia directamente. ¿Qué sacamos de la atomización parlamentaria? La respuesta es clara: la imposibilidad de formar gobierno. Cosa distinta es que el debilitamiento del bipartidismo se deba a sus carencias y defectos. Poco ayuda la organización cerrada de los partidos que, pese a la autoproclamada democracia, son los que menos la ejercen en su régimen interno. Habrá quien señale que la apelación al militante puede originar un Donald Trump para manifestar su inconveniencia, mientras otros aleguen su oportunidad justamente por eso mismo. El problema es que para que un sistema funcione requiere de la aristocracia, es decir, de la toma de conciencia de las minorías dirigentes del país para servir con rectitud al bien integral de la sociedad. El deterioro de la cultura, del que resulta un confusionismo generalizado, no favorece este proceso. Nos encontramos entonces ante la fragmentación política, reflejo de la propia división social. Ya habló Felipe González de una italianización de la vida política española al estilo de lo acontecido en el país vecino hace décadas.

            El comportamiento de los partidos españoles es similar al de la Italia de los sesenta. La pérdida de la mayoría parlamentaria de la Democracia Cristiana, obligó a un complejo juego de alianzas para evitar que la segunda fuerza –el Partido Comunista Italiano− se hiciera con el poder. Es lo que se llamó la apertura a la izquierda: la Democracia Cristiana, sacrificando algunos de sus principios, se prestó al pacto con los socialistas en calidad de tercera fuerza. El objetivo era neutralizar un frente de izquierdas que amenazara la permanencia de Italia en el Mercado Común y en la OTAN.

            En España no ha cuajado todavía esta solución. La diferencia estriba en que el PSOE no ha sido desplazado, por el momento, a un tercer puesto del arco parlamentario. Pero, si como apuntan todas las encuestas, la coalición Podemos-IU logra ese objetivo la situación puede cambiar por completo. Tendremos una fuerza de inspiración comunista como primer partido de la izquierda, muy crítica con Bruselas y con el libre mercado. Es entonces cuando resultaría más factible un pacto a la italiana. Un PP, que haría las veces de la Democracia Cristiana, tendiendo de nuevo la mano a los socialistas para que no fueran fagocitados por Podemos-IU. Una operación avalada por la Unión Europea para salvar sus propios intereses. El terreno ya está trillado ¿cómo se explica si no –además de otros factores, comunes en Occidente−, la renuncia del PP a buena parte de su ideario? La aceptación de la ley del aborto, la consagración del llamado “matrimonio homosexual”, el mantenimiento de la carga tributaria sobre las pequeñas empresas y la propiedad, son muestras de apertura hacia un consenso con los socialistas que valida su modelo de sociedad. Parece cristalizar una suerte de pensamiento único en el que el bipartidismo (alternancia entre dos proyectos) deriva hacia el monopartidismo.

            El recurso a este tipo de medidas manifiesta el deterioro en el que se ha sumido Europa. Las tensiones internas en Gran Bretaña, el ascenso del populismo en Italia y de la derecha nacionalista en Francia y ahora también en Alemania, reflejan la hondura y el alcance de la crisis. Estamos ante un cambio de época, consecuencia de las mutaciones de una civilización que parece generar otro ciclo histórico, distinto al que hemos conocido. En este sentido, el recurso a las grandes alianzas institucionales es un intento por sobrevivir al embate y enmendar la plana al populismo. Se trata de acometer las reformas imprescindibles para aplacar la virulencia de esos grupos emergentes y salvar así la estabilidad del sistema. Que eso se haga desatendiendo los principios fundamentales en los que se asienta la dignidad de la persona −la defensa de la vida en todos sus estadios, de la familia y del pleno reconocimiento a la libre iniciativa−, ha de repercutir necesariamente en perjuicio de la justicia social como elemento vertebrador de las sociedades. La crisis del bipartidismo la han generado sus propios actores.

Antonio Cañellas, doctor en Historia.

Publicado en el periódico El Mundo/El Día de Baleares (21/06/2016).

Filosofía,Governance

United Kingdom: conflict with Europe

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Donald Tusk recently posted on twitter “we have achieved a legally binding and irreversible deal decided on by all 28 leaders, strengthening Britain’s special status in the EU”. The origin of the dispute that Great Britain has with the EU has gone on for many years. The general discontent of the British public has contributed to the rise of protest parties such as Ukip, that paradoxically got more representation in the EU parliament than in the House of Commons, mainly due to the diffent attitude to EU elections and the difference between the first-past-the-post system of the Uk and the proportional representation system of the European Parliament.

Mr Cameron’s week in Brussels is reminiscent of the tough negotiations that Mrs Thatcher went through over the money that the UK contributed to the EU. She famously said “I want my money back”  because she thought that the EU was too expensive for Britain. She also vowed to oppose “a European superstate exercising a new dominance from Brussels” in 1988 (as journalist James Kirkup wrote up in his article Margaret Thatcher: Conflict over Europe led to final battle). The United Kingdom has had a difficult relationship with the EU and it is mainly because though it is a very influential state, it does not have a leading role in decision making and resents various European “intrusions” into British sovereignty.

On the 10 of November David Cameron addressed a letter to Donald Tusk, the president of the European Council. The first point in this letter is that the EU has to accept that there are countries that do not have the Euro, and that those countries that chose to have their own currency should not be at a disadvantage. A second point that the British PM makes is that there is too much burden put on businesses and that, though we all want growth and more jobs, the EU has to help the “free flow of capital, goods and services”. Thirdly, the ongoing debate in the Uk is on the issue of sovereignty, the  main worry is that the EU parliament has more power than national parliaments. As a solution the PM quotes the  maxim that has been proposed by the dutch ”Europe where necessary, nations where possible”.

However, the main concern that David Cameron raises is the problem with inmigration, that in his view has placed a tremendous strain on the NHS and Schools. The Prime Minister states that the Uk receives over 300,000 inmigrants every year, and that the Uk is going to become the most populous country in the EU by 2050 (thought it has to be mentioned that a lot of inmigration to the Uk comes from countries that are not part of the EU). The European Union in Camerons words needs to ensure that member states that join the EU, should have economies that are up to level with the rest of the community in order for them not to have a gigantic exodus of qualified professionals who leave for the UK.

David Cameron’s letter and his negotiations in Brussels have gone well, he will call and campaing for continued membership of the European Union. Promoting the idea that we want to continue in the “reformed” EU because it is in our business and national defence interests and because David Cameron has obtained a “special status” for the UK, so we get the best of both worlds.

On the 23rd June the referendum on EU membership for the UK will be held. It is the Prime Minister’s third referendum after the one held on Scottish Independence in 2014 and the referendum on the electoral system in 2011. On that previous occasion he had the full backing of his political party. He now faces dissent from his party, as 6 ministers, including a former head of the conservative party openly state support for Brexit. It is important to note that it is a crucial moment for the United Kingdom and that the decision that comes out of this referendum will have long lasting effects whatever the result.

To quote Michael Foot, the former leader of the Labour Party “We cannot have democracy in Europe at the expense of democracy in Britain” the problem is that it seems to have taken too long to decide Britains situation in Europe. To my mind the current situation opens up fundamental questions on the systems of power, on the question of legality, and the status of sovereignty and personal freedom.

Patrick Breeze, degree in Humanities.

Governance

An Evidence-based Family Perspective

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After the world leaders adopted the new 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Development Programme will support governments around the world in tackling the 17 new Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs aim to end poverty, hunger and inequality, take action on climate change and the environment, improve access to health and education, build strong institutions and partnerships, and more.

During decades, the UN has proven to be the main empowering institution to protect Human Rights, improve the world’s women role and foster the next generation through the work on youth. Within the SDGs, a family approach is an step forward to the long-standing efforts of the UN intended to remove all barriers and ensure the active participation of families in society, especially including decisions on investments in health, housing and education.

“As basic and essential building blocks of societies, families have a crucial role in social development. They bear the primary responsibility for the education and socialization of children as well as instilling values of citizenship and belonging in the society. Families provide material and non-material care and support to its members, from children to older persons or those suffering from illness, sheltering them from hardship to the maximum possible extent. The very achievement of development goals depends on how well families are empowered to contribute to the achievement of those goals. Thus, policies focusing on improving the well-being of families are certain to benefit development.”[1] . Henceforward, to most effectively reach the SDGs and ensure that no one is left behind, we are arguing that we will have to do a better job in leaving no family behind.

Promoting cohesive families

The IFFD has been working persistently in this family approach and has recently organized its 19th International Family Congress in Mexico City on October, 2015. The Congress hosted 1,836 delegates from 43 countries. In the final Declaration, the delegates emphasized that families have a crucial role in social development and confirmed their commitment to helping families worldwide and to contributing to universal peace and respect of human rights through Family Enrichment Courses and other programmes.[2]

In the final Declaration it’s also appreciated the work fulfilled worldwide since the article 16 of the Universal Declaration of Human Rights. The article set a starting point for any consideration of family-related issues. Where, the mere language and symbolism of family “has the potential to proffer the middle ground from which compromise and consensus can emerge on even the most polarizing and divisive issues.”[3] Therefore, a family impact approach has built consensus in various resolutions and decisions on this matter by the United Nations General Assembly and other international bodies.

The mentioned Declaration was finally stated in February 2016 at the 54th Commission for Social Development and fully explained in a side-event themed precisely “Leaving no family behind” at the UN Headquarters. The IFFD delegates welcomed the recognition within the SDGs, specially 1 to 5, that the very design, development, implementation and monitoring of family-oriented policies and programmes are essential for the success of the 2030 Sustainable Development Agenda. “Family can contribute to eradicating poverty and hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health and combating HIV/AIDS, malaria and other diseases”.[4]

Various suggestions included on the Declaration help to achieve SDG1 and SDG2 when considering the family as a unit in which the well-being of their individual members is promoted while a breakdown can be both a root cause and an effect of poverty. A range of family-oriented policies play a vital role tackling with the intergenerational transmition of poverty, which also includes children´s health, development in nutrition and families’ finantial resources and behaviours.

A family approach also helps to ensure healthy lives and promoting well-being at all ages (SDG3) when the family facilitates intergenerational solidarity. Therefore, appropriate policies should be directed to promote equitable access to resources that strengthen family ties, such as family enrichment courses, positive parenting classes or mentoring programmes, and encourage volunteering of older persons in schools and offering community service requirements for high-school students, requiring young people to help older persons with their daily activities.

Again, on the SDG4 family approach is reinforced by mentioning “cohesive families” for the first time ever. Cohesive families are said to provide “a nurturing environment to children and youth, for the full realization of their rights and capabilities”.[5] They also are a meeting point for generations offering “inclusive and equitable quality education at all levels for all people, irrespective of sex, age, race, ethnicity, and including persons with disabilities, all migrants, indigenous peoples, especially those in vulnerable situations”[6].

Furthermore, addressing cohesive families promotes gender equality and empowerment of women by recognizing the value of unpaid care, domestic work and economic dimension of their activity (SDG5). It is in such environment where girls and boys are treated equally and parents share care and household responsibilities. Policymakers may find in cohesive families a potential way to contribute to the achievement of several sustainable development goals and targets.

Evidence-Based Family Perspective

All the efforts made to protect human rights on women and young people could be enriched by adding the family as a political priority. A family approach would represent a logical step forward to ensure no one is left behind, specially women and young people who are naturally part of the family and proven to be the most vulnerable. This family empowerment would promote policies at the national, regional and international levels by removing social, political, legal and economic barriers to their active participation in society. Such a step forward would enable families to assert greater control over their resources and life choices and by providing instruments to recognize the time, effort and money that committed families invest in their children.

Due to policymakers may encounter difficulties valuing families and people, the IFFD is promoting the project “Making Families a Cornerstone in Policymaking: A Global Guide for Policymakers on Family Impact”. In this project the family impact lens pays attention to relationships between people and the fact that “family policies are most effective when targeting the family unit and its dynamic as a whole, rather than focusing on the needs of individual family members”.[7] Yet this conceptual distinction is often overlooked in policy discourse and decision-making. According to the Secretary General of the United Nations, policies too often ignore the family unit and continue to target individuals.[8]

The value of elevating families in policymaking is supported by a solid body of research evidence that endorses families as a fundamental component of a strong and vital society. Families are a cornerstone for generating the productive workers a sound economy demands and for rearing the caring, committed citizens a strong society requires. For example, researchers have documented the valuable contribution families make in promoting their members’ academic success, economic productivity, emotional well-being, and social competence among other outcomes of interest.[9] In addition, professionals who educate, administer, or deliver services to families espouse the desirability and viability of family-focused approaches for more effectively and efficiently achieving program goals.[10]

Additionally, dialogue and partnerships between social policy makers and relevant stakeholders, including families, family associations, the business sector, trade unions and employers should be enhanced to develop and improve family-friendly policies and practices in the workplace. This should include both housework and care, because, in reality, both are a form of care, housework having important implications for the well-being of all members of the family.

How can this be achieved? A proposal includes three very clear recommendations: policies to promote education about freedom and rights; information and advice regarding responsibility and duties; and legislation on both these areas. Sound family policies must be based on adequate research and analysis. Family policy monitoring and evaluation is also indispensable to advance policy development; continue policies that work and discontinue those that have proven ineffective. Support data collection and research on family issues and the impact of public policy on families and invest in family-oriented policies and programme design, implementation and evaluation[11].

Well-Being Indicators

According to the resolutions from the Commission for Social Development and Commission for Population Development an evidence-based approach is definitive to policy development, monitoring, review and follow up. It will never be a family perspective without measurement tools. That is why we promote the definitition of evidence-based quantification of family impact according to Global Well-Being Indicators. The scope should be both narrow and broad. Telescopic focusing on families. Kaleidoscopic examining both (1) family policies intentionally designed to improve family functions (e.g., early childhood care and education, positive parenting, caregiving of the aging, reconciliation of work and family life) and prevent dysfunctions (e.g., child exploitation, domestic violence, family poverty) and (2) any policy that inadvertently influences family functioning and decision-making (e.g., education, gender equality, health care, sustainable economic development, urban growth). In a nutshell, we will promote the concept that families are what to think about and that the family impact lens is how to think in a more holistic way that recognizes the importance of commitment to others, which is first learned and practiced in families.[12]

Evidence-based Global Family Well-Being indicators are projected to be an outcome of a research-based method that critically examines the past, present, or probable future effects of a policy on family relationships, family stability, family members’ ability to carry out their responsibilities, and so forth.[13] Analysis of family impact can help policymakers better grasp how strong families support societies and how societies can support strong families. The goal is to turn family rhetoric into reality. To use the family impact lens to shift the current rhetoric from merely appreciating families in the abstract to substantively viewing families in more pragmatic, accurate, and effective ways.

Our initial thinking is outlined below on how we plan to encourage the world’s decision makers to view policies through family-colored glasses, that is, developing policies that create the conditions for families to thrive and that consider any policy for its impact on families.

  • Develop culturally appropriate principles and indicators that will serve as the core for a family impact checklist that builds on the knowledge and experience of family experts from around the world; we will begin with (but not be limited to) principles such as family responsibility, family stability, family relationships, family diversity, and family engagement.
  • Our work will target family policies designed to promote the best interests of families. Also, we will focus on other policies that may not specifically address family interests, yet may have inadvertent consequences for them. For example, we will conduct family impact analysis on three or four 2015 sustainable development goals. We will strive to incorporate these findings into the UN’s capacity building efforts and communicate these findings to the policymakers who are developing implementation plans.
  • Pilot test different methods for bringing the family impact lens to policy and practice with our partners in academia and civil society in different countries around the world in those jurisdictions where family policies are made; because policymakers typically seek out information in the context of trusted relationships, pilot tests will focus on jurisdictions where our partners have established trusting relationships with policymakers.
  • Produce brief, accessible publications targeted to the issues and decisions policymakers face in their jobs such as why family impact is important, how policymakers can examine family impacts of policy decisions, in what ways the family impact lens has benefited policy decisions around the world, and so forth.
  • Develop a toolkit that can be used as a prototype to encourage more widespread adoption of the family impact framework and methods.
  • Evaluate whether our efforts are reaching our goals of encouraging policymakers to view issues through the lens of family impact, incorporate family considerations into their jobs, and take steps to build better public policies for families.
  • Plan for dissemination through the development of resources, both written and video, that capture how much can be accomplished and what can be learned in the pilot tests and evaluations.
  • Build on what is learned to vision what strategies and leadership are needed to promote widespread global adoption of the family impact framework.[14]

If we really want to leave no family behind, we need to define the right well-being indicators to asses the impact needed for implementing a family perspective. From a Universal Human Rights perspective, it is also needed that these indicators should be globally pertinent in the definition but locally appropriate in the application.

José Alejandro Vazquez is PhD Researcher and the International Federation for Family Development Representative to the United Nations, New York.

[1] Cf. A/66/62-E/2011/4.

[2] Cf. IFFD Written Statement for the CSocD54, E/CN.5/2016/NGO/32.

[3] Bogenschneider, 2014.

[4] E/2014/99.

[5] Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (A/RES/70/1), para.25.

[6] Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (A/RES/70/1), target 2.3.

[7] Cf. Report of the UN Secretary General, 2014, A/68/61–E/2013/3.

[8] Cf. A Global Guide for Policymakers on Family Impact, IFFD, 2015.

[9] Cf. Bogenschneider & Corbett, 2010.

[10] Cf. Dunst, Trivette, & Hamby, 2007; Spoth, Kavanagh, & Dishion, 2002.

[11] Cf. A Global Guide for Policymakers on Family Impact, IFFD, 2015.

[12] Cf. A Global Guide for Policymakers on Family Impact, IFFD, 2015.

[13] Cf. Bogenschneider, Little, Ooms, Benning, Cadigan, & Corbett, 2012.

[14] Cf. A Global Guide for Policymakers on Family Impact, IFFD, 2015.

© IFFD • International Organizations Department (int.relations@iffd.org). Produced by the International Federation for Family Development (www.iffd.org) and The Family Watch (www.thefamilywatch.org). The contents do not represent the official position of any institution, but only the views of its author. It is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License.

Empresa,Governance

Solidaridad y gobierno corporativo

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Actualmente, los países de Sudamérica compiten entre sí por atraer inversiones a sus mercados. El perfil del inversor apropiado es aquel con perspectiva de permanecer en el país a largo plazo y con el deseo de contribuir al desarrollo económico de la región. El gobierno corporativo es uno de los instrumentos de autorregulación que promueven los gobiernos de Iberoamérica para fomentar la presencia de este tipo de inversores. Considerando esta tendencia y la importancia del gobierno corporativo cabe preguntarse: ¿Cuál es la manera más efectiva para mejorar la práctica del buen gobierno corporativo en el mundo empresarial sudamericano? Una opción es que los gobiernos regulen un sistema legal que establezca las normas que las empresas deban de cumplir, y en caso de incumplirlas, sean sancionadas. Otra opción es promover la autoregulación en cada una de las organizaciones, por medio de la puesta en práctica de valores y principios en cada una de ellas a través de Códigos de Conducta y Códigos de Gobierno Corporativo. El papel de los gobiernos estatales se traduce en formular recomendaciones a las empresas, especialmente a aquellas que cotizan en bolsa, para que mejoren la práctica de su gobierno corporativo como parte de sus políticas de responsabilidad social corporativa.

En este debate surge la duda de si es posible utilizar la solidaridad como medio para promover la autoregulación de las empresas mediante las prácticas del buen gobierno corporativo en la empresa. La solidaridad es un principio que usualmente se utiliza en Iberoamérica para invocar las luchas sociales o huelgas contra las actividades del gobierno o contra las actividades de las empresas multinacionales. Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo del Perú, el sector minero reportó 149 casos de conflictos sociales ligados al Medio Ambiente en 2015.

En otros casos, el nombre de la solidaridad se asocia a la idea de la caridad y a la promoción de actos de ayuda con los más necesitados, o invoca a colaborar económicamente en labores de filantropía o mecenazgo. Pero aquí surge la pregunta ¿la solidaridad solo sirve para promover las luchas sociales o ayudar a los más necesitados? ¿Cómo ayudaría en otros frentes como la actividad empresarial?. Es decir ¿Cómo ayuda la solidaridad en la actividad de la empresa?. Estas interesantes interrogantes se desarrollan en mi última monografía sobre el tema. En este trabajo proponemos que la solidaridad posee diversos elementos que, como principios o valores éticos corporativos, pueden incluirse en las políticas de buen gobierno corporativo e influir significativamente el trabajo de las empresas.

La idea de solidaridad

Tradicionalmente, en el Sistema Jurídico Romano Germánico, la solidaridad es una institución jurídica del Derecho Civil que asocia el cumplimiento de los contratos privados. Según esta idea, cualquiera de los deudores de una obligación debe de asumir las consecuencias de un eventual incumplimiento de contrato que lesione los intereses de los acreedores. Los acreedores están legalmente autorizados a exigir a cualquiera de los deudores que cumpla con lo acordado en el contrato o, en caso contrario, los indemnice económicamente por los perjuicios causados por dicho incumplimiento.

Hoy en día, la idea de solidaridad no está únicamente ligada al Derecho. Su práctica es posible en otras áreas de conocimiento como la económica, donde su concepto y elementos pueden mejorar las políticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social corporativa de las empresas. El libro propone que el uso de los criterios de la solidaridad pueden incrementar la actividad de toda corporación, hacerla más productiva, eficiente e influenciar en su entorno interno y externo. De igual manera, la aplicación del criterio “solidario” permite mejorar la percepción o reputación de la corporación ante los demás agentes de mercado. En esta línea de argumentación, toda empresa que se considere “solidaria” debe cumplir con los criterios necesarios para ser considerada como tal. De esta manera, la práctica de la solidaridad permite mejorar la reputación corporativa de una empresa y contribuye a generar un mayor valor económico y “no económico” ante la sociedad.

Para que una empresa sea catalogada como “solidaria” no basta que utilice el nombre como tal, sino que requiere poner en práctica sus elementos de forma simultánea y permanente. Estos elementos son la unidad, asociación, reciprocidad, bien común -o interés social-, gratuidad, justicia, y el respeto por la dignidad humana. La implementación de estos elementos “solidarios” como valores o principios corporativos en los programas de gobierno corporativo reduciría la desigualdad social y económica en la organización. También mejoraría su eficiencia y productividad, y proporcionaría beneficios a todos sus stakeholders (inversores, directores, empleados, clientes, acreedores y público en general). Es decir, la práctica de los elementos de la solidaridad reduciría la ineficacia en la empresa, incrementaría su productividad, generaría una mejor calidad de vida en muchos de sus socios directos (stakeholders) y una mejor reputación corporativa. Asimismo, lo solidario puede coadyuvar a una mejor práctica de los niveles de sostenibilidad, una mejor aplicación de la noción de “largo plazo” y al fomento al activismo del inversor. En Iberoamérica, la percepción social de estar frente a “empresas solidarias”, que no son egoístas en compartir los beneficios que generan y de fomentar el desarrollo de la región, junto con el suyo, reduciría la pésima imagen negativa que tienen. Pero, asimismo, los elementos de la solidaridad son un mecanismo eficiente de autoregulación en las compañías por medio de Códigos de Conducta o Códigos de Buen Gobierno Corporativo. La práctica de la solidaridad, tal como se ha propuesto, no significa desconocer su relación con la caridad; sino, al contrario, se resaltan sus elementos en conjunto para mejorar la actividad de la empresa por medio del gobierno corporativo.

La solidaridad puede manifestarse de dos formas: como un deber o valor presente en los Códigos de Conducta o de Gobierno Corporativo. Según esta idea, quienes son parte de una empresa tienen la obligación de practicar la solidaridad en sus labores diarias y con la perspectiva de defender los intereses de toda la organización. La actuación solidaria requiere la permanente búsqueda de la igualdad económica y la defensa de los intereses de la institución sin que ello signifique denigrar a la persona o menoscabar sus derechos. También es obligación del CEO y de los Consejos de Administración vincular su labor para alcanzar el bien común de la empresa y los intereses de los stakeholders. En base a la aplicación de la solidaridad, los deberes fiduciarios tendrían mayor importancia, así como el cumplimiento del criterio “comply or explain” y se prevendría cualquier forma de oportunismo individual. La solidaridad corporativa es el medio para alcanzar el bien común de la empresa y lograr su supervivencia en el mercado.

Solidaridad, empresa y gobierno corporativo

El desafío que enfrentan las actuales corporaciones es mantener su actividad económica e, incluso, trasladarla a otros mercados y, así, no dejar de generar bienestar económico para todos sus miembros. El Consejo de Administración se constituye en el centro de integración de cada una de las aspiraciones de los stakeholders y debe de gobernar en favor de alcanzar cada uno de dichos intereses. En Iberoamérica los programas de Responsabilidad Social Corporativa, en muchos casos, son inefectivos porque la población percibe que sólo las empresas multinacionales obtienen los beneficios para explotar sus recursos naturales y ellos, como grupo de interés, no reciben ningún beneficio significativo.

Ante este panorama, la solidaridad juega un papel protagonista por medio del gobierno corporativo. La implementación y la práctica de los componentes de la solidaridad en los programas de Buen Gobierno Corporativo de la empresa pueden generar confianza en sus inversores, mejorar las relaciones entre accionista y los ejecutivos, e incrementar la productividad de los trabajadores. Como consecuencia, sus niveles de transparencia, seguridad y confianza de los agentes de mercado pueden incrementarse y mejorar su reputación corporativa. Además, la idea de solidaridad ayuda a reducir el problema de la agencia. Es posible afirmar que las ideas de solidaridad aplicadas al gobierno corporativo podrían reducir la desigualdad y desconfianza entre principales y agentes, sin necesidad de que los gobiernos emitan normas de regulación obligatorias. Las Empresas que practican la solidaridad en sus programas de gobierno corporativo, las asocian como parte de sus programas de responsabilidad social corporativa, pueden prevenir cualquier conducta oportunista de parte de sus directivos si no generar un grado positivo de reputación corporativa ante la sociedad. La práctica solidaria corporativa en la empresa significa alinear sus objetivos para alcanzar el bien común o interés social de todos sus stakeholders. Los Códigos de Conducta Ética y los Códigos de Buen Gobierno Corporativo son los espacios donde los preceptos solidarios pueden influenciar en la actividad interna y externa de la empresa. Sólo así las empresas garantizarán un nivel adecuado de confianza y credibilidad de parte del mercado. La credibilidad corporativa en Iberoamérica es criticada, especialmente en el sector minero y de hidrocarburos, donde las poblaciones reclaman a las empresas multinacionales atención al medio ambiente, respeto a los derechos humanos y compromiso con la gobernabilidad social. La investigación hecha por MERCO muestra que las preocupaciones de la ciudadanía, en relación con las empresas, son la conducta ética (grado de honestidad), los niveles de transparencia, el buen gobierno, la atención a los empleados, la contribución social y su compromiso con el cambio climático. Estas preocupaciones influyen en las decisiones de los stakeholders y puede perjudicar la supervivencia de la empresa. La inclusión de los criterios de la solidaridad podría elevar los índices de percepción social de la ciudadanía y de los demás miembros del mercado.

Edison Tabra es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones.

Derecho,Empresa,Governance

Las utilidades humanas como misión de la empresa

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DSC_0050 copia por Edison Tabra, jurista.

     Tradicionalmente la literatura económica menciona que la empresa es una organización económica destinada a la producción de bienes y servicios, por medio de la interacción del capital y el elemento humano que, según los parámetros de la eficiencia y la eficacia, las ofrece al mercado a cambio de una contraprestación económica que buscará retribuir la inversión de sus dueños. Así la propiedad de la empresa en manos del inversionista le permite justificar y aún legitimar la organización y el funcionamiento de la empresa, delegando su gestión en manos de los administradores que, como sus representantes, procurarán generar la rentabilidad suficiente para justificar la inversión de capital hecha en la organización.

      Vista así, esta perspectiva de la empresa es incompleta, porque se atreve a resaltar que el capital económico es el elemento único e imprescindible para el trabajo de cualquier organización sin considerar al capital humano representado en el empleado y el gestor. Desafortunadamente, para la gran mayoría de empresas en el mundo, el ser humano es considerado un activo “económico” que se usa para generar, incrementar o mantener la productividad económica de la organización a cambio de un salario, pero no fomenta su “productividad personal”. Para la moderna empresa el ser humano es rentable mientras crea utilidades “económicas” para los inversionistas y los demás miembros de la organización; pero dicha necesidad resulta incoherente cuando se trata buscar la rentabilidad “humana”. Es decir, el desarrollo y la mejora personal y familiar de las personas o, en otras palabras, las “utilidades humanas” que aquéllas deben procurar adquirir cada día para mejorar sus atributos.

      En efecto, es el fomento de las “utilidades humanas” las que debieran constituir el desafío actual para el directivo moderno. Una organización que esté encaminada a generar ambos tipos de “utilidad” tiene mejores posibilidades de contratar a los mejores talentos y, principalmente, retenerlos en su organización. Aún más, si la empresa muestra y demuestra la práctica común de sus valores corporativos y es coherente con ellos, aún en los momentos más difíciles, tiene mayores posibilidades de garantizar la creación de la rentabilidad que necesita para subsistir a largo plazo en el mercado. Valores tan elementales pero muy importantes como la unidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto, la coherencia entre otros, permitirán el cumplimiento de las normas legales y garantizarán la efectividad y eficiencia que toda organización requiere para tener éxito.

      Desde una perspectiva humanista, las ganancias materiales y humanas son importantes y no deben separarse. Es necesaria la solidaridad entre el directivo, el inversor y el empleado para crear un medio que garantice una utilidad integral y, por ende, deben apuntar en la misma dirección. Aquí el aporte del capital humano es tan importante como el del capital económico y la propuesta descansa en el desarrollo de valores que les permitan cumplir sus obligaciones con el mercado. La empresa es un medio al servicio de un grupo de personas y, por consiguiente, no debe perder su insignia de humanidad. Más aún, debe tener presente que antes que privilegiar la utilidad económica está por encima la utilidad “humana”, pero ambas utilidades se necesitan para garantizar su existencia como organización.