Archivo de la etiqueta: Pío XII

Totalitarismo democrático

 por Santiago Amer, filólogo

Introducción

La expresión totalitarismo democrático podría resumir bastante bien el fenómeno que se vivió mundialmente, aunque con acentos distintos según las diversas realidades estatales, durante la pasada pandemia del COVID-19, quizás comparable a otros que estamos viviendo en la más estricta actualidad. Intentemos penetrar en sus causas.

Antecedentes

Los que vivimos la Guerra Fría recordamos muy bien el impacto que supuso la caída del muro de Berlín y la interpretación que hizo de aquellos acontecimientos Francis Fukuyama[1]. Una vez desmoronado internamente en sus propias contradicciones, no vencido en el campo de batalla[2], el comunismo o marxismo en su versión totalitaria y, naturalmente, las dictaduras o los regímenes autoritarios anticomunistas en sus últimos reductos de la península Ibérica, también liquidados o evolucionados, parecía que la democracia formal liberal quedaba consolidada y asegurada en Europa, sin otra alternativa.

El Papa Juan Pablo II realizó un juicio bastante completo de la situación de la democracia en la encíclica Centesimus annus (1991), publicada con ocasión del centenario de la primera encíclica que desarrolla la Doctrina Social de la Iglesia, Rerum novarum de León XIII (1891)[3]. Siguiendo a Pío XII, que poco antes de ser vencidos militarmente los totalitarismos nacionalistas en 1944 definió y delimitó las características de la democracia, desligándola de las ideologías propiamente dichas, Juan Pablo II advirtió que aquélla puede convertirse en «un totalitarismo abierto o bien encubierto». Ya lo había indicado Pío XII: pese a las apariencias, los sistemas democráticos corrían el riesgo de convertirse «en un puro y simple sistema de absolutismo si se atribuye a la legislación del Estado un poder sin frenos ni límites» (el llamado positivismo jurídico)[4]

Mientras Pío XII observa que la democracia solo puede realizarse desde un «pueblo», agrupación constituida con unos vínculos estables fruto de una tradición cultural compartida, y no desde una «masa» anónima y amorfa, Juan Pablo II lo hace desde los valores, constatando que el sistema democrático no es un fin en sí mismo, sino un instrumento. Por ello depende de la conformidad con la ley moral y los valores de esta. No existen, pues, en sentido propio, «valores democráticos», sino que, por el contrario, los valores morales tienen que ser la base de la democracia.

El mismo Papa observa que «se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico [escepticismo o cinismo del liberalismo filosófico, podríamos decir de otra manera] son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos».

Se trata de lo que hemos ido viviendo en los últimos decenios. En primer lugar, a través de un largo proceso de leyes amorales o inmorales de carácter tolerante o permisivo, pero con efectos pedagógicos fatales para la sociedad, ya que basaban la tolerancia de los comportamientos que pretendían regular en el escepticismo y en la relativización de toda costumbre o ideal. Sin embargo, mantenían el carácter permisivo, se insistía en que no se obligaba a nadie a divorciarse, a abortar, a casarse de una determinada manera, a poner fin a su vida, etc. Y en no pocos casos reconocían y regulaban la objeción de conciencia.

Desde hace unos años el panorama ha empezado a cambiar. La objeción de conciencia se está mirando con más sospechas y la permisión va pasando a ser obligación. Parece que se hace real y concreta aquella deducción implacable de Ramón Llull por la que, si negásemos la existencia de Dios, el mal se convertiría en necesario y obligatorio.[5]

Mientras tanto la ilusión de la libertad se refugia en la imaginación, de manera que se convierten en «derechos» todas las conductas imaginables, llegando a lo que algunos autores llaman la sociedad del deseo[6], desvinculada de toda responsabilidad. Se realiza aquel eslogan de mayo de 1968, de «la imaginación al poder», aunque algunos, engañados o despistados, pudieran pensar que se trataba de otra cosa[7]. Los nuevos «derechos» aludidos van consumando una ruptura antropológica sin precedentes en la historia de la humanidad, sobre todo por la destrucción de la noción e institución del matrimonio que suponen y por el «igualitarismo» a ultranza que introducen, a largo plazo eliminador de todos los rasgos complementarios enriquecedores.

Repercusiones recientes

Así nos hallábamos cuando irrumpió en nuestras vidas un fenómeno que inauguró sin duda un nuevo período histórico con consecuencias aún incalculables, pero seguramente en el sentido que hemos ido apuntando. Se trata de la llamada «pandemia».

A primera vista sorprendieron muchas cosas, comenzando por la redefinición que de «epidemia» y, por tanto de «pandemia», realizó la Organización Mundial de la Salud[8]. Eso la hizo extraña a las epidemias conocidas históricamente, sobre todo las famosas «pestes», aunque pudiera justificarse el cambio de criterio debido al estado actual de la medicina, que puede permitirse no basarse únicamente en el número de fallecidos para calificar de emergencia una determinada situación y asumir el reto de disminuir los contagios antes de llegar al desenlace fatal. En todo caso, este hecho impide comparar la situación a cualesquiera «pestes» o «pandemias» previas.[9]

Fueron muchas las cuestiones que se plantearon. En primer lugar y sobre todo, precisamente en el estado actual de la medicina, ¿era necesario un confinamiento de las características del que dictó en el año 2020 el gobierno español, cuando las propias cifras oficiales nos presentaban un número de muertos solo de la epidemia muy reducido respecto al que figuraba con patologías previas?[10] ¿Había que castigar a toda la población con los funestos efectos económicos y sociales que de tal medida se derivaron? Todavía más, el confinamiento resultó fatal para los usuarios de residencias para la tercera edad al quedarse allí recluidos, así como para los pacientes afectados de enfermedades graves que no podían acudir a consultas presenciales[11]. Las sucesivas renovaciones del estado de alarma hasta retorcer literalmente la letra, y no digamos el espíritu, de la Constitución de 1978, fueron aleccionadoras de que se estaba entrando en un nuevo sistema de gobierno[12]. Parece que se ha hecho realidad lo que pronosticaba el gran cerebro de las políticas intervencionistas estadounidenses del siglo XX, Henry Kissinger: «La población entregará voluntariamente sus derechos si se da una amenaza, real o decretada, para su existencia vital»[13]

Así fue, prácticamente sin oposición política, y con acuerdo unánime de todos los partidos, entre los que no hubo diferencias significativas al respecto. Se diría que, por primera vez en la historia, se llegó al partido único sin ningún golpe formal de Estado, sin violencias y sin tener que ilegalizar a los demás partidos.

El levantamiento del estado de alarma con el mantenimiento casi intacto de las restricciones, aparte de presentar aún más interrogantes legales, abundó en aquella deriva y no digamos la vacunación prácticamente presentada como obligatoria, con el anuncio/amenaza de proceder así por vía legal, contra lo que recordó explícitamente la Santa Sede.[14]

Y si a todo ello añadimos las reiteradas llamadas a una «nueva normalidad», a convivir con la situación, a presentarla como irreversible, la intromisión en los más pequeños detalles de la convivencia humana, incluso con la regulación de los actos de culto en el BOE en la más pura tradición regalista de La Gazeta y de sus religiosos cortesanos lectores,[15] resultó un panorama dominado por un «higienismo» desaforado que se convirtió en una verdadera nueva ideología, con la particularidad de que las subsume y sustituye a todas a fin de reglamentar restrictivamente todos los aspectos de la vida, hasta los más íntimos e inocentes, como denunciaron algunos autores que la llamaron «covidianismo» o «barbarie sanitarista»[16]

Conclusión

¿Habíamos llegado a lo que anunciaban o presentaban como posible Pío XII y, sobre todo, Juan Pablo II? ¿Se trata del último estadio de la tendencia del Estado moderno de ponerse en el lugar de Dios para reforzarse y no admitir otro principio de soberanía que él mismo en el sentido leviatánico que ya había apuntado Hobbes y también Spinoza? ¿Es una evolución natural del germen totalitario de las ideologías, verdaderos ídolos de la Modernidad al suscitar falsas esperanzas mesiánicas como denunció en su día Benedicto XVI?[17] ¿O un aviso de acontecimientos de más trascendencia en la fase final del Apocalipsis? Son cuestiones abiertas que hay que considerar desde todos los puntos de vista, sin contentarnos por haber asumido sin cuestionarlas las disposiciones gubernamentales y quedando a la espera vigilante de las que puedan venir. No podemos volver a noticiarios que nos recuerden las comedias de Ionesco o Mihura, o a declaraciones de políticos que reproduzcan las de las comedias de Arniches.[18]

Las guerras y conflictos difícilmente comprensibles que se han suscitado después y que estamos viviendo no nos inducen a ser más optimistas, aunque sí esperanzados para que nuestros dirigentes, de todos los colores, abandonen su celo por «salvar vidas», por hacernos más «limpios» y «saludables» e «igualitarios» y nos dejen vivir en paz, según el orden moral dispuesto por el Creador.

 

[1] Francis Fukuyama. El fin de la historia y el último hombre. Ed. Planeta, Bogotá, 1992.

[2] La explicación profunda de dicho fenómeno parece que solo puede leerse en clave providencialista (cf. el mensaje de Fátima en su conjunto e implicaciones).

[3] Juan Pablo II. Carta enc. Centesimus annus. 46: AAS 83 (1991), 850. Pontificio Consejo «Justicia y Paz». Compendio de la doctrina social de la Iglesia. 406-407. Biblioteca de Autores Cristianos / Editorial Planeta. Madrid, 2005.

[4] RADIOMESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PIO XII AI POPOLI DEL MONDO INTERO. Domenica, 24 dicembre l944. Benignitas et humanitas (en versión latina).  Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, VI, Quinto anno di Pontificato, 2 marzo l944 – l° marzo l945, pp. 235-25l. Tipografia Poliglotta Vaticana.

[5] Ramón Llull en Arbre de la sciència. El pensador tomista Francisco Canals y Vidal citaba con extensión este principio, véase, por ejemplo, «El principio de conveniencia en el núcleo de la metafísica de Ramón Llull». Estudios lulianos 22 (1978), pp. 199-207.

[6] Miró i Ardèvol, Josep. La sociedad desvinculada. Fundamentos de la crisis y necesidad de un nuevo comienzo. Stella Maris, 2014.

[7] No puede obviarse la importante influencia de la fase revolucionaria que supusieron los acontecimientos de mayo de 1968, en Francia, con epicentro en París, y en otros muchos países.

[8] Cristina Martín Jiménez. La verdad de la pandemia. Ed. Planeta, 102020.

[9] Se describen muy bien las epidemias «tradicionales» em el caso de la historia de Mallorca en Pere Fiol.  «A peste, fame et bello, libera nos, Domine». Comunicació [revista del Centro de Estudios Teológicos de Mallorca] 138-139 (2021), pp. 77-92.

[10] Cristina Martín, o.c.

[11] Véase en el número citado de Comunicació 138-139 (2021), pp. 33-57: Fausto Leonardo Henríquez, «La cuestión social en tiempos de la covid-19», donde cita autores que han acuñado el término «geriatricidio».

[12] Josep Miró Ardèvol, reflexionando sobre todo ello, principalmente por lo que respecta a la ruptura moral, llega a decir: «Todo esto señala un camino inexorable: el uso de la libertad y la constitución para liquidar la libertad de quienes no piensen como quienes nos gobiernan.» «España, Sánchez y las leyes de ruptura». www.forumlibertas.com diario digital.

[13] Citado por Alfons Martí Bauzà. A la caza del contaminado. Ed. Hebras de Tinta. Madrid, 22020, p. 95.

[14] Congregación para la Doctrina de la Fe. Nota sobre la moralidad de algunas vacunas contra la Covid- 19 (21 de diciembre de 2020)

 <http://vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index_sp.htm&gt;. Cabe notar, además, que una de las principales empresas farmacéuticas confesó sin rubor que comercializó su producto, casi obligatorio, sin experimentación previa.

[15] O llegando a ser los fieles cristianos espectadores de fotografías de las celebraciones litúrgicas y otros actos de culto o de oración, aceptándolo como forma «normal» de participación en ellos.

[16] Carlos Ruiz Miguel. «El “covidianismo”, ideología de la nueva tiranía». Razón Española 225. Marzo-abril 2021, pp. 202-205. También trata de la posible inflación del número de contagios debido a la poca fiabilidad de los PCR, sensibles a cualquier alteración respiratoria, algo advertido por la propia Organización Mundial de la Salud.

[17] Carta Encíclica Spe salvi (30 de noviembre de 2007). <http://vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals.index.htlm&gt;.

[18] Véase, por ejemplo, Carlos Arniches, «El señor Badanas. Tragicomedia en tres actos» en Teatro completo. Tomo 3. Ed. Aguilar. Madrid 1948, pp. 917-1005. Algunas escenas aleccionadoras se reproducen en vídeo en YouTube.

La memoria histórica como problema

  por Antonio Cañellas, historiador

            No es ninguna novedad la contradicción que memoria e historia pueden plantear cuando se asocian. El interés por construir una visión del pasado, acorde con las pautas mentales e ideológicas del momento, ha sido una constante más o menos incisiva a lo largo del tiempo. Esta intencionalidad no se ha desvanecido con el progreso de los regímenes democráticos, que supuestamente reconocen la diversidad ideológica y de pensamiento. Según el análisis de algunos politólogos, es propio de las ideologías su tendencia a la sacralización y al dogmatismo. Dicho de otro modo, tienden a monopolizar y uniformizar la opinión pública. En la actualidad, se evidencia nuevamente este fenómeno, patrocinado por el poder político con la correspondencia ideológica de algunos historiadores. Se trata de un proceso que, como bien apuntó René RémondRemond en su artículo La Historia y la ley, amenaza la objetividad del enfoque histórico, poniendo en riesgo la independencia de la historia como ciencia. De este modo, el historiador se vería desplazado en su misión de indagar la verdad del pasado por el detentador del poder político, que subyugaría la historia a su exclusivo interés. De aquí -añade este miembro de la Academia Francesa- la tendencia a tergiversar el pasado y a fiscalizar la labor de los historiadores, tan propia de los sistemas totalitarios. Esta es la razón del peligro que éste advierte para el conjunto de los ciudadanos, al privárseles de un conocimiento profesional de la historia que empobrece o anula la libre opinión y el debate público. Por el contrario, para Rémond el historiador puede suscitar la articulación de una conciencia histórica sobre el pasado más reciente, ahondando con rigor en su saber integral frente a la subjetividad de la memoria [1]. Lo opuesto implica una instrumentalización por parte de quienes alientan una memoria interesada –su memoria− acerca de la interpretación del pasado con fines presentistas. Su propósito radicaría entonces en lograr unos reconocimientos ventajosos y exclusivos, alejados por completo de la verdad histórica.

            Desde que en España se promulgara la Ley de Memoria Histórica en 2007 hemos asistido a una creciente manipulación del pasado. El homenaje a quienes lucharon por la República del Frente Popular o fueron represaliados por los vencedores de la guerra civil esconde una intención de mayor alcance. No se trata únicamente de recuperar a las víctimas de un bando y restituir algunos de sus derechos ciudadanos, como viene haciendo la legislación desde el tránsito a los años setenta, de acuerdo con el espíritu de reconciliación que intentó activarse. Ciertamente, es de justicia que en un régimen fundado en el pluralismo ideológico los familiares de cualquier caído puedan disponer de sus restos para sepultarlos como es debido, amén de otras gratificaciones sociales. El problema reside en el maniqueísmo de dicha ley, que reduce todo y sin matices a dos bandos opuestos de “malos y buenos”. A medida que se homenajea a la izquierda republicana se desprecia a sus contrarios, haciendo tabla rasa de su recuerdo con la demolición de cruces y lápidas en su memoria. Se financian exhumaciones de los represaliados republicanos, pero se ignoran aquéllas que todavía acogen los restos de la otra trinchera. Es claro que existe una doble vara de medir ajena a lo que debiera ser el sentido de una conciencia histórica común. Precisamente por las circunstancias que originaron la violencia fratricida de la guerra, se requiere de una generosidad compartida de perdón sincero −que olvida la afrenta−, como ya lo entendieron algunas destacadas personalidades del exilio –conscientes de sus errores durante la República− y de aquellos vencedores que vislumbraban otra fórmula política de entendimiento[2].  De lo contrario, como de hecho ocurre, se tiende a espolear una confrontación entre españoles que parecía superada, quebrando con ello el pacto de concordia articulado durante la Transición. En el trasfondo ideológico de la Ley de Memoria subyace el intento de algunos de sus promotores de incitar paulatinamente un cambio de régimen político. Al enmendar en su totalidad el sistema político del Movimiento Nacional, se dispara de soslayo en la línea de flotación de la Monarquía, restaurada por un acto legal de aquel ordenamiento jurídico. De poco vale el papel reformista desempeñado por la Corona y la estabilidad que sigue aportando a nuestro modelo constitucional. Ciertos sectores de la izquierda atizan para la pronta proclamación de la República, concebida como una reedición de la de 1931 con sus correspondientes sectarismos.

            En estas circunstancias, el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha dado otra vuelta de tuerca para desenterrar al general Franco del Valle de los Caídos. Es muy preocupante observar cómo un Estado que se dice garantista ha constreñido el derecho que asiste a la familia del difunto para apelar judicialmente la resolución del gobierno o de impedir que, en cumplimiento de la misma, pueda trasladar sus despojos a la sepultura de su propiedad, ubicada en la cripta de la catedral de La Almudena. Es verdad que la idea inicial de los impulsores del complejo arquitectónico del Valle fue perpetuar la memoria de los «héroes y mártires de la Cruzada», conforme a la disposición del decreto del 1 de abril de 1940. Sin embargo, con la progresiva inspiración de las leyes civiles en los postulados de la tradición católica se produjo un cambio de planteamiento. Ya Pío XII en su radiomensaje a los fielesImagen relacionada de España del 16 de abril de 1939 había invitado a una política de pacificación acorde con los principios inculcados por la Iglesia, en el que se garantizara una benévola generosidad para con los equivocados. Según el Pontífice debían iluminarse las mentes de los engañados por el materialismo, proponiendo el camino de una justicia individual y social que, contenida en el Evangelio, asegurara la paz y prosperidad de la nación[3]. Este intento por estructurar la convivencia social en plena euforia posbélica de los vencedores encauzó el proyecto de la basílica de Cuelgamuros hacia unos derroteros más integradores, a pesar de las resistencias de algunos. Según el decreto del 23 de agosto de 1957, que establecía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se dispuso que el monumento sirviera como memorial de los combatientes católicos de ambos bandos fallecidos en la guerra. Sus restos serían acogidos bajo el signo pacificador de la cruz y custodiados por la Orden de San Benito –procedente del Monasterio de Santo Domingo de Silos−, encargada del culto y de sostener un Centro de Estudios Sociales. Éste debería promover el análisis y resolución de problemas relacionados con la materia para evitar conflictividades como las acaecidas en los años treinta[4]. La victoria de 1939 vino a administrarse -en palabras del propio Franco en la inauguración del Valle veinte años después- en favor de toda la nación y de su unidad. Sobre los principios inspiradores del denominado Movimiento Nacional, nuevamente reivindicados, debía articularse «ese ambiente que haría fructífero el desarrollo del progreso económico-social, afianzando un clima de entendimiento y unidad que ya no admitiría el viejo espíritu de banderías»[5]. Conforme a aquella visión, la Santa Sede atendió las peticiones del Abad para elevar el templo a la dignidad de Basílica Menor por medio de la Carta Apostólica Salutiferae Crucis firmada por el Papa Juan XXIII en 1960.

              No cabe duda de que el proyecto es difícil de entender fuera de las coordenadas de la fe católica. Sin embargo, artistas como Juan de Resultado de imagen de juan de ávalosÁvalos –depurado en 1942 por su militancia socialista− pudo comprenderlo hasta convertirse en el principal escultor del Valle. Fue él uno de los que también insistió en dar al complejo un tono despolitizado si en verdad quería materializarse aquel deseo de hermandad. Dicho empeño engarzaba con el sentir de aquellas palabras finales de José Antonio Primo de Rivera, sepultado a los pies del altar mayor: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. De hecho, en el interior de la basílica sólo se hallan imágenes y representaciones religiosas con el fin de alentar el sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico, a decir del decreto de 1957. Su propósito reconciliador y funerario quedan bien perfilados[6]. No se precisa, por tanto, reivindicar una significación que ya de por sí posee.

            El hecho de que el cuerpo de Franco haya reposado en la basílica hasta su forzada exhumación, respondía a la costumbre inmemorial de sepultar  en los templos a sus principales El Gobierno estudia trasladar en helicóptero los restos de Franco desde el Valle de los Caídosbenefactores. Así lo entendió el gobierno de Carlos Arias de acuerdo con el príncipe, luego rey Juan Carlos, según el protocolo previsto en la operación Lucero ante el inminente deceso de Franco. No cabe duda de que levantar un cadáver de un recinto sagrado, menospreciando el parecer de la comunidad benedictina que lógicamente ha de secundar la voluntad de los familiares, es una conculcación del derecho particular. Para obviarlo, el Tribunal Supremo lo ha presentado como un asunto público que trasciende el derecho de los familiares[7]. Es entonces el gobierno quien se arroga la plena facultad de decisión, con el correspondiente agravante para el ejercicio efectivo de las libertades individuales. Con este proceder no se favorece la construcción de una conciencia colectiva, sino únicamente una memoria parcial, que desvanece un clima de pacto y concordia.

            El Valle debiera ser un lugar destinado exclusivamente a la oración y al culto. Aquí estriba uno de los aciertos de la Ley de Memoria después de que algunos –quizá igualmente desconocedores del proyecto final de Cuelgamuros− lo convirtieran en lugar de exaltación política. Si se pierde este sentido religioso se altera la significación de la basílica. El poder político quizá debería haber asumido responsablemente aquel histórico mensaje del Presidente de la República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, conocedor de los errores que implica la mutua incomprensión. Fue él -historiador- quien al regresar a España abogó por el entendimiento de todos en un régimen de libertad que desterrara antiguos odios y rencores. Sólo desde esta premisa puede conformarse una conciencia histórica que conjure discordias y procure el bien común.

(Texto publicado en diciembre de 2018 y actualizado en noviembre de 2019).

[1] Véase la entrevista televisada a René Rémond (1918-2007) en Collection Paroles d’historien (publicada por ina.fr en 2018).

[2] Santos Juliá, «Año de memoria». El País. (31/12/2006).

[3] Radiomensaje de Pío XII a los fieles de España (16/04/1939).

[4] Véase el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

[5] Discurso de Franco en la inauguración del Valle de los Caídos (02/04/1959).

[6] Juan XXIII, Carta Apostólica Salutiferae Crucis (1960).

[7] Sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos (24/09/2019).