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El matrimonio como institución natural

  por Lelia Díaz, jurista

De todas las estructuras humanas nacionales e internacionales, la más importante es la de la familia. Porque en la familia se forjan los valores humanos y se sientan los pilares del desarrollo y perfeccionamiento de los ciudadanos. Pero, antes que la familia existe otra realidad natural, el matrimonio. Ambas han existido desde siempre como instituciones naturales. Ahora, en pleno siglo XXI, se convierte en imperiosa necesidad revalorar esas realidades para determinar si el contenido heterosexual del matrimonio debe permanecer o no. En ese sentido, ¿cabe la posibilidad de que la regulación internacional, constitucional, civil del matrimonio extienda su protección jurídica a las personas del mismo sexo? ¿Si no lo hace, habría la posibilidad de que se caiga en supuestos de discriminación por razón de sexo u orientación sexual?

La finalidad de este artículo consiste en traer a colación algunas reflexiones de cómo se concebía el matrimonio en las sociedades primitivas, en el Derecho romano y de cómo se reconoce el matrimonio y la familia en la legislación internacional. En la parte final abordaremos una línea para poder encarar con éxito dicha cuestión.

Así, es primordial reconocer que el derecho es una realidad social que existe gracias al hombre. Se trata de una creación humana. El derecho entra dentro del ámbito de la experiencia de las personas, de su disponibilidad; es un instrumento útil y un artículo de primera necesidad[1], revelándose como expresión de su cultura[2]. El derecho ordena la convivencia de las personas en la sociedad[3], debiendo encontrar la estabilidad en la sociedad, más allá de lo convencional y artificial[4]. El  derecho no puede dejar de tener un nexo necesario con la sociedad[5]. En otras palabras, el derecho tiene como precedentes otras realidades, la naturaleza de las cosas que ni la voluntad de los hombres ni las leyes las pueden modificar.

En ese sentido, es importante mencionar que el matrimonio es una realidad social que existe desde que existe el hombre, desde la fase más primitiva. Nace como una institución que alberga personas, protagonizada por un varón y una mujer. Aunque las formas y tipos de matrimonios hayan ido variando, a lo largo de la historia, “tienen en común un efecto: proporciona al hijo un padre y una madre socialmente reconocidos[6]. El matrimonio es la fuente y fundamento del sistema de parentesco que rige una sociedad[7]. El matrimonio “constituye un dato empírico indiscutible que en las sociedades de cazadores recolectores conocidas, hombres y mujeres contraen matrimonios y forman familias nucleares”[8]. Siguiendo esta lógica, se puede entrever que la familia se funda como realidad natural, precedida de una unión “matrimonial”, de dos personas mujer y varón[9]. Esa heterosexualidad es una realidad social desde la antigüedad.

En el derecho antiguo, específicamente romano, el origen de la familia es el hecho (factum) del matrimonio – iustae nuptiae, iustum matrimonium – que la jurisprudencia romana clásica define al matrimonio como “la unión de hombre y mujer en pleno consorcio de su vida…”[10]. Y en palabras de Modestino: “El matrimonio es la unión de hombre y mujer en pleno consorcio de vida y comunicación del derecho divino y humano[11]. Situación de hecho, pero con algunas consecuencias jurídicas[12]. En esta sociedad romana, el matrimonio contaba con dos elementos: uno objetivo, representado por la cohabitación y otro subjetivo, representado por la affectio maritalis[13]. Entre otros elementos jurídicos que constituyen el matrimonio como institución percibidos hasta este punto, es la heterosexualidad[14] y tiene una finalidad[15] que es fundar una familia[16].

Nos parece reseñable enfatizar la fuente del Derecho romano, porque en él se ha formado la tradición de la ciencia jurídica de nuestro derecho actual, de nuestras legislaciones, principalmente europea e iberoamericana[17]. Allí radica el valor de redescubrir la institución jurídica del matrimonio y en ella, su elemento de la heterosexualidad. Y ese descubrir nos ha llevado a afirmar que el matrimonio es una realidad natural heterosexual.

El derecho, como instrumento al servicio del hombre, ha regulado el matrimonio como una institución natural que se forma de la unión de un “varón” y una “mujer” como unidad para “fundar” una “familia”. Es importante reconocer que el derecho como norma jurídica es una realidad dinámica. En ese sentido, el derecho debe innovar, pero sin destruir principios que emanan de la misma naturaleza de las cosas que son inmutables. En virtud de ello, el matrimonio es una realidad preexistente al derecho, realidad que no debe cambiar. El matrimonio es más que un derecho, es una institución natural que tiene un nexo muy estrecho y de finalidad, fundar una familia.

Por otro lado, es importante revisar la legislación internacional en torno al matrimonio y a la familia. En ese sentido, la concepción del matrimonio que se desprende de la lectura de la legislación con carácter universal tiene como elementos esenciales unos más explícitas que otros. Los explícitos son el consentimiento, identidad con la familia y la formalidad; los implícitos, la heterosexualidad o complementariedad y la unión monogámica. Por ejemplo, en el artículo 16°.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, se establece que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

Asimismo, en el artículo 23° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) con vigencia desde 1976 en el artículo 23° prescribe que “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos”.

Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo (PIDESC), vigente también desde 1976, en el artículo 10°: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges…”.

Los tres documentos legales mencionados forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Rige para –hasta el momento– 193 estados miembros que han ratificado su permanencia en las Naciones Unidas (NN.UU)[18] y como tal todos esos estados[19] tienen la obligación de respetar y resguardar los principios y derechos que se han establecido en esos dispositivos jurídicos, con carácter imperativo[20] de ius cogens[21].

En virtud a ello, los legisladores de cada estado deben proponer leyes afines y coherentes con los principios de las normas internacionales. De esa manera se evita también que la “tutela de un derecho interfiera excesivamente en otros derechos fundamentales, o, incluso con exigencias diferentes respecto a los derechos fundamentales, como ciertos intereses públicos o colectivos[22]. Y consecuentemente los operadores del derecho deben interpretar los dispositivos normativos con rigor científico. Es decir, deberán aplicar diversas técnicas de interpretación e integración para desvelar el sentido real de la norma, aplicando también criterios y principios de carácter universal que emanan de la naturaleza de las cosas[23]. Recordemos que el derecho, entendido como norma propuesta o reconocida por el legislador, debe seguir a la persona en su integridad[24].

Es importante mostrar que el matrimonio como institución natural, tal como lo reconocen los documentos antes citados y reconocido también en el Derecho romano, es distinto al “derecho a contraer matrimonio”[25]. Y este derecho, al ser derecho fundamental debe ser analizado teniendo en cuenta su contenido esencial[26] y ese contenido debe ser coherente con la concepción del matrimonio expuesto. Es decir, que en el seno de su contenido debe guardar como elementos básicos la heterosexualidad y la familia.

[1] Cfr. HERVADA, Javier. ¿Qué es el derecho?, 3° Ed., EUNSA, Pamplona, 2011, p. 37.

[2] Cfr. COTTA, Sergio. ¿Qué es el derecho? Rialp, Madrid, 1993, p.27.

[3] Cfr. GROSSI, Paolo. “El orden Jurídico Medieval”, traducido por Francisco Tomás y Valiente y Clara Álvarez, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 28.

[4] Cfr. Ibídem, p. 76.

[5] Cfr. Ibídem, p. 80.

[6] RIBAS, José María. “Prehistoria del Derecho”, España, Almuzara, 2015, p. 102.

[7] Cfr. RIBAS, José María, op., cit, p. 102.

[8] RIBAS, José María, op., cit, p. 103.

[9] Cfr. EMBER-EMBER, C.R. “Antropología cultural”,1997, Trad. DE CANCEL, D. y otros en Ribas, José María. “Prehistoria del Derecho”, España, Almuzara, 2015, p. 105.

[10] BETANCOURT, Fernando. Derecho Romano Clásico, 3° Edición, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 411.

[11] D’ORS, A; HERNÁNDEZ-TEGESO, F. y otros en versión castellana. EL Digesto de Justiniano. Versión Castellana, Aranzadi, Tomo II, Libros 20-36, Pamplona, 1972, D. 23, 2, 1, p. 102.

[12] Cfr. D’ORS, Álvaro. Elementos de derecho privado romano, 5° Ed. Eunsa, Navarra, 2104, p. 145.

[13] Cfr. BETANCOURT, Fernando, op., cit, p. 411.

[14] CFR. ALCÍVAR, Carlos y otros. Lex canuleia como fuente en la norma del matrimonio de la legislatura ecuatoriana, In Crescendo, Derecho, 2015; 2(2), encontrado en file:///C:/Users/Lelia/Downloads/1144-3765-1-PB%20(1).pdf, visitado el 27 de noviembre de 2017.

[15] Cfr. MAZZINGHI, Jorge. Tratado de Derecho de Familia, Buenos Aires, p. 8

[16] Cfr. La Instituta de Gayo, traducido por Robert Joseph Pothier, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1854. Entrado en http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/institutaDeGayo.pdf.

[17] Cfr. D’ORS, Álvaro, op., cit, p. 20.

[18] Ubicado en http://www.cinu.mx/onu/miembros/, consultado el 27 de noviembre de 2017.

[19] Cfr. YASSEEN, Mustafá en NOVAK, Fabian y GARCÍA-CORROCHANO, Luis. Derecho Internacional Público, 2° Edición, Tomo I, Lima, Thomson Reuters, 2016, p.486.

[20] Cfr. ACOSTA, Juana y DUQUE, Ana. “Declaración universal de derechos humanos, ¿norma de ius cogens? En International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, N° 12, Edición Especial 2008, p.31.

[21] Cfr. JUSTE, José; CASTILLO, Mireya; y, BOU, Valentín. Lecciones de Derecho Internacional Público, 2° Edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, p. 95-96.

[22] PINO, Giorgio. Derechos fundamentales, conflictos y ponderación, Palestra, Lima, 2013, p. 232.

[23] Cfr. GROSSI, Paolo. El orden jurídico medieval, Marcial Pons, Madrid, 1996 p. 18.

[24]Cfr.  HERVADA, Javier. Escritos de derecho natural. 3° Ed. Eunsa, Pamplona, 2013, p. 117.

[25] Crf. VILADRICH, Pedro. La agonía del matrimonio, Eunsa, Pamplona, 1984, p. 49-53.

[26] Cfr. CASTILLO, Luis. El significado del contenido esencial de los derechos fundamentales. En Revista foro jurídico, núm. 13, Lima, 2014, p. 145.

Families in the cities

Families at the cornerstone of the New Urban Agenda

The New Urban Agenda has been finally agreed at the United Nations Headquarters during the Habitat III Informal Intergovernmental Meeting in early September. The outcome will be adopted in October 2016 in Quito, Ecuador, where Heads of State and Government, Ministers and High Representatives will be addressing the way cities and human settlements are planned, designed, financed, developed, governed and managed. The New Urban Agenda has the same goals agreed for the 2030 Agenda: contribute to reducing inequalities; promote sustainable and inclusive economic growth; end poverty and hunger; foster resilience; achieve gender equality and the empowerment of all women and girls; improve human health and well-being; and protect the environment[1].

There is a wide array of guidance and recommendations regarding the implementation of the New Urban Agenda. Among the United Nations programmes and agencies, in which UN-Habitat have taken the lead with the upcoming conference, evidence-based and practical initiatives contribute along with relevant stakeholders in close collaboration with Member States, local authorities, major groups, civil society and the mobilization of experts. Within the United Nations system alone, we can find initiatives such as UN-Habitat’s ‘Global Network on Safer Cities’; Unicef’s ‘Child Friendly Cities’; and projects such as the World Health Organization’s ‘Healthy Cities’ and Unesco’s ‘Growing Up in Cities’. Other international and intergovernmental organizations, in cooperation with the United Nations, have promoted studies and programs closely related to urban areas, for example, ‘Urban Development’ from the World Bank and OECD’s publication on ‘Ageing in Cities’.

It is projected that the urban population will reach 5 billion people by 2030, compared with today’s 3.5 billion; that is two-thirds of the global population living in cities. Nowadays, more than 80% of global GDP is generated in cities, which means that urbanization can contribute to sustainable growth, if managed well, by increasing productivity, and allowing innovation and new ideas to emerge. graf1The most urgent task is for city leaders to move quickly to plan for growth and provide basic services, infrastructure, and housing for their expanding population’s needs. However, the speed and scale of urbanization brings challenges, including meeting accelerated demand for affordable, well-connected transport systems, and basic services, as well as jobs, particularly for the nearly 1 billion urban poor who live in informal settlements in order to be near any opportunities that may arise[2].

A strong reaction to these challenges is essential in order to ensure the safe growth of children, independent living and well-being for older persons, and equal access to society for people with disabilities. A problematic home environment, by contrast, can have detrimental effects on all members of the family. Building cities that ‘work’–in terms of being inclusive, safe, resilient, productive and liveable–requires intensive policy coordination and investment choices. National and local governments have an important role to play to take action now, to shape the future of their development, and to create opportunities for all, so that no one will be left behind.

In order to build cities that work, three core pillars must be taken into account. It is necessary to 1) improve living conditions for families: infrastructure services, tenure, housing, and neighbourhoods; 2) strengthen city finances, planning, and governance systems with a holistic approach of participation from families; and 3) support urban transformation from a family perspective to develop land-use planning, management, and implementation of integrated investments in infrastructure and service delivery for all family members. These pillars will require an action plan that includes social cohesion and equity, urban framework, spatial development, urban economy, urban ecology and environment, and urban housing and basic services.

Social cohesion and spatial development

The ‘New Urban Agenda’ envisages cities and human settlements that “are participatory; promote civic engagement; engender a sense of belonging and ownership among all their inhabitants; prioritize safe, inclusive, accessible, green, and quality public spaces; are friendly for families; and enhance social and intergenerational interactions”[3]. Within this framework, the first action for any social cohesion and cultural development within cities should be related to the inclusion of children. The most vulnerable group of any society is the key component to guide local governments in the achievement of their goals, policies, programmes and structures.

In order to be inclusive for children, these should ensure that they can participate in family, community and social life, receive basic services such as health care and education, access to proper sanitation, be safe, socialize, live in a healthy environment, participate in cultural and social events and be an equal citizen with access to every service, regardless of ethnic origin, religion, income, gender or disability[4].

Senior citizens are another vulnerable group in cities. In OECD countries, the number of people over 65 is growing quickly. Between 2001-11, ageing in cities rose from 12% to 14%, in contrast with the increase of total population in cities of just 8.8%. This trend raises awareness regarding the need for suitable infrastructure, labour market reform, increased supply of social housing, and higher spending on health and social care.

The new urban agenda is going to face complex challenges in cities with dense infrastructure while adjusting to the new reality. Some progress has been made to build accessible cities for people with disabilities, but senior citizens also have particular requirements, especially if the urbanization trend is added to the equation: 80% of senior citizens live in urban areas in developed countries. habitat-iiiFor example, in terms of housing, 25% of senior citizens do not own the homes they live in, whilst, in the USA, for example, 29% live alone. In the EU, the ratio of elderly to working-age people is currently nearly 20%, and may double by 2030. These facts alone have important implications for sustainable urban development in terms of spatial strategies: land market, mobility, transportation and housing policies[5].

The impact of ageing societies in cities is clear. In what way cities will mitigate the challenges and become more elderly-friendly is a matter of perspective and collective response. An initial approach is within the family, where more than one generation lives together in an inclusive environment. In families, the diversity of roles that the elder members of the family can carry out is as valuable as the array of care they may need while ageing. Therefore, public and private actors, including national and local governments, may work together to find ways to involve families to tackle, as a unit, the challenges to come.

Between the children and the elderly there is a segment of society with growing leadership and attention, the so-called ‘youth’. The outcome draft resolution of the New Urban Agenda has given “particular attention to the potential contributions from all segments of society, including men and women, children and youth […]”[6]. In the industrialized countries, a half to three-quarters of all children and youths live in urban areas; in the developing world, the majority of them will be urban in the next few decades.

Cities need young people as active participants in evaluating their communities, in determining priorities for change, and in helping make change really happen. A successful process in order to acquire these objectives may be a holistic approach through the family. We have seen in many countries how families have proved to be an essential component in tackling unemployment situations. Starting with their own families, young citizens improve the quality of their communities and develop greater awareness of the world around them. By appreciating the different generations represented in their own homes, they develop greater appreciation of their own value and skills, and develop self-confidence through involvement in improving public spaces in their local area: the same places where they will need to demonstrate social and environmental responsibility and the capacity for democratic action when they become adults.

Urban economy and environmental resilience

While most of the global population and capital goods are concentrated in cities, urban areas remain crucial to social development and economic prosperity. They drive most of the national economic growth and are a source of innovation, facing sanitation challenges and security matters while acting as cultural and creative centres.

Modern cities need to be resilient to develop the new urban agenda, so constant diagnoses of urban strength are needed. Only a holistic approach of the numerous variables within the cities can manage to give a complete picture of the city’s vigour, and dialogue among stakeholders is equally important. Any effort aimed at facilitating dialogue among stakeholders (for example, government, civil society, residents, and the private sector) about risks, resilience, and the performance of urban systems is a worthwhile cause. With an accurate diagnosis, priority actions and investments can be identified, as well as strengthening resilience for planned or aspirational projects. So, it seems clear that a holistic and integrated approach that encourages cross-sectorial collaboration is more efficient when tackling existing issues and unlocking opportunities within the city[8].

One of the hallmarks of a resilient city is the capacity to create jobs, successfully facilitating its firms and industries to be competitive, raise productivity, and increase the income of citizens over time. While, locally, a city contributes to national development, worldwide, competitive cities become a pathway to eliminating extreme poverty and to promoting shared prosperity among families. In previous years, the primary source of job creation has been the growth of private-sector firms, which have typically accounted for around 75% of job creation. Thus, city leaders need to be familiar with the factors that help to attract, to retain, and to expand the private sector and the well-being of families.[9]

Inclusive cities for sustainable families

The family unit has proven to be the main agent for development within societies and the cornerstone for sustainable cities. Therefore, its area of action must be of great concern in order to facilitate its role in generations to come. If families are these crucial development agents, an adequate environment is needed to facilitate their role.

Within a social dimension, a holistic approach to the family will definitely contribute in the three different aspects of sustainable development, and will make possible an accurate assessment of the needs for inclusive cities, especially in terms of investment in infrastructure. In order to achieve this objective, families may need to be provided with adequate tools for strengthening their ability to reach their potential as productive, engaged, and capable agents of sustainable development, contributing fully to their members and communities. Sustainable cities start and end with cohesive and inclusive families.

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José Alejandro Vazquez is PhD Researcher and the International Federation for Family Development Representative to the United Nations, New York.

Extract from the original paper published by IFFD. http://www.familyperspective.org/ppr/IFFDPapers57EN.pdf

[1] A/RES/70/210.

[2] http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#3

[3] HABITAT III, New Urban Agenda. Draft outcome document for adoption in Quito, October 2016, https://www.habitat3.org/file/535859/view/588897.

[4] UNICEF – Innocenti Research Center, Building Child Friendly Cities. A Framework for Action, 2004. UNICEF – Innocenti Research Center, Assessing and Monitoring Child Friendly Communities and Cities. Analyzing results and moving forward, 2010. UNICEF – Innocenti Research Center, Certification systems and other assessment mechanisms for child friendly cities: A study with a focus on Europe. 2011.

[5] OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264231160-en

[6] HABITAT III, New Urban Agenda. Draft outcome document for adoption in Quito, October 2016, https://www.habitat3.org/file/535859/view/588897.

[7] Chawla, L. (Ed.), Growing Up in an Urbanising World. Paris / London: UNESCO Publishing / Earthscan, 2002.

[8] WORLD BANK, The CityStrength Diagnostic – Resilient Cities Program, 2015, http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength

[9] KILROY, Austin Francis Louis; MUKIM, Megha; NEGRI, Stefano; “Competitive cities for jobs and growth: what, who, and how”, 2015/01/01

[10] Terminology for the European Conference on Health, Society and Alcohol: A glossary with equivalents in French, German and Russian. WHO (EURO), Copenhagen, 1995.

[11] Harpham et al. (2001). Healthy city projects in developing countries: The first evaluation. Health Promotion International. 16(2): 111-125. Khosh-Chashm, K. (1995) Healthy Cities and Healthy Villages. Eastern Mediterranean Health Journal. 1(2): 103-111. Kenzer M. (2000) Healthy Cities: A guide to the literature. Public Health Reports. 115: 279–289. Tsouros, A. (1995) The WHO Healthy Cities Project: state of the art and future plans. Health Promotion International. 10(2): 133-141.