por Luis Suárez, Real Academia de la Historia.

   El término fidelidad puede responder a una definición más o menos amplia. Una de las acepciones que recoge el diccionario es el de «la observancia que alguien debe a otra persona». Esto puede confundirse fácilmente con la lealtad: «el que es leal guarda a alguien o algo la debida fidelidad». Aunque es cierto que desde la perspectiva de la virtud, que busca el bien de la persona (propio y ajeno), la fidelidad y la lealtad debieran representar el anverso y reverso de una misma medalla, su significado admite matices y aun diferencias. Más aún en el ámbito político o económico.

   Desde la Edad Media, la tradición española distinguía estas dos realidades en el ámbito de las relaciones personales y sociales. En efecto, fiel era el súbdito que seguía a su señor sin preguntarse por la justicia de su causa. Leal, sin embargo, era quien evitaba que el señor cayera en injusticia o incurriera en error. Ya las Cortes de Castilla de 1385 consideraban la lealtad como la principal virtud de la que dependen las monarquías para su existencia y progreso, pues de ella (el consejo emitido con rectitud moral para la gobernanza del reino) derivarían todas las demás virtudes. Así, el súbdito o vasallo leal recordaría al rey su «deber de reinar» y no «su derecho». Es decir, invocaría sus obligaciones morales ordenadas a la edificación del reino y de sus súbditos. De aquí derivaría la llamada legitimidad de ejercicio, que otorgaría auténtico valor a la legitimidad de origen (la elección, por distintas circunstancias, de una dinastía reinante, precisamente para desempeñar dicho cometido a favor del bien común). Este presupuesto implicaría reciprocidad entre el rey y los súbditos, representados en las Cortes, asistiéndose mutuamente para promover el desarrollo espiritual y material de todo el reino.

   De la confusión antes citada han nacido en nuestros días algunas equivocaciones muy perjudiciales. Se ha creído, por ejemplo, que la fidelidad al superior o a quien tiene el poder (a nivel político, empresarial, etc.) es una virtud que obliga al subordinado. De ahí la monstruosidad de pensar que el jefe o líder siempre tiene la razón y que hay que obedecerlo ciegamente sin preguntarse por la justicia o moralidad de sus actos. Cesa entonces el deber de corregir, enmendar o aconsejar, propio de la lealtad. De ahí la tendencia, tan extendida, de quienes al frente del mando se rodean de simples fieles que asienten, alagan, aplauden y no discuten. Se pierde así el sentido de la limitación y el poder se convierte en un absoluto que busca resarcirse y no servir a los demás según el orden moral.

   La legitimidad fundada en la virtud de la lealtad permitió en la antigua monarquía hispánica «acatar y no cumplir» la orden emanada del rey, pudiéndose iniciar un recurso de contrafuero que asegurara los derechos del reino y de sus súbditos en caso de verse conculcados. La obediencia no se entendía como un automatismo, sino como acto juicioso, que examina previamente si la orden es correcta o no. No existía esa argucia de la «obediencia debida» como eximente de responsabilidad, puesto que en una sociedad que procuraba inspirarse en los principios cristianos, prevalecía siempre el criterio de lo que es realmente debido, de lo razonable y bueno en cada circunstancia. El vasallo leal sabía que, una vez sopesada y aceptada una orden, se corresponsabilizaba con ella. En ese tiempo nunca se admitió el principio de irresponsabilidad del monarca en las decisiones tomadas por sus ministros, como ocurriría después en muchos regímenes parlamentarios. Y es que, como hemos dicho, también al rey competía ese sentido de la lealtad que le exigía velar por la justicia en los actos de sus servidores en el gobierno.